En los derredores del final de la Guerra Fría, el pudor permitió el rechazo al discurso identitario del partido Kach en Israel. Abiertamente antiárabe y ultranacionalista, en 1988 y 1992 se le impidió participar en las elecciones.Más tarde, la Suprema Corte lo prohibió por el riesgo que significaba a la democracia. Terminaba en esos años una etapa que redujo el entendimiento del mundo a respuestas dicotómicas. Eso cambió. La disposición a soluciones sobresimplificadas para lo naturalmente complejo vive su momento más peligroso.
La insensatez de atacar a jueces por no elegirse mediante voto popular —lo normal en democracia si no se quiere subordinarlos a humores políticos— cuenta con impulsos universales; como también el desprecio a la ley en aras de establecer una única visión de la realidad, por encima de las demás.
Remanentes de la ideología kahanista del Kach se albergaron en la coalición que devolvió a Netanyahu al poder y fueron, entre otros, germen de las reformas judiciales que desde hace más de medio año llenan las calles de Israel en protesta.
Esta semana fue aprobada la primera de esas reformas, con ella se le impide a la Corte calificar el equivalente a la ilegalidad de las acciones y políticas del gobierno.
Por su raíz identitaria, antes que política o jurídica, la crisis democrática israelí afecta a los territorios palestinos y su población, como a los árabes israelíes. Es una crisis que complica aún más cualquier proceso de paz y anula el asomo de una solución de dos Estados. Sin importar si se favorece o no su idea —estoy convencido de que la figura de dos Estados se usa hoy para justificar la indiferencia—, regresa los escenarios de convivencia varias décadas atrás.
Al margen de una posible apelación, el retroceso toca incluso al estado actual de las cosas, donde la condición palestina es de exclusión cotidiana. La reforma desvanece el espacio teórico que protege jurídicamente de acciones gubernamentales a los árabes israelíes. Sepulta así las nociones de dos o de un Estado.
El mundo había aprendido que los saldos de políticas nacidas del identitarismo son mucho más difíciles de revertir que los de aquellas surgidas de la ineptitud o el mal gobierno.
