La educación superior en México vive un momento crítico que exige atención prioritaria y visión estratégica. Instituciones como la UNAM y el IPN son pilares en la formación de talento y en el desarrollo científico del país. Sin embargo, recientes propuestas de recortes presupuestales han generado preocupación sobre el compromiso con su fortalecimiento.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 contemplaba reducciones importantes para universidades públicas. La UNAM, por ejemplo, enfrentaba un recorte de más de 5,000 millones de pesos, afectando su operación y calidad educativa. Diversos sectores de la sociedad, sumados a la comunidad académica, reaccionaron rápidamente, exigiendo rectificaciones.
Ante la presión social, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el error y aseguró su corrección. La SHCP indicó que se garantizaría un incremento del 3.5% en el presupuesto de las universidades, ajustado a la inflación. Este avance evidencia la importancia de una planificación cuidadosa y un compromiso constante con la educación superior.
Como es sabido, la educación es clave para el desarrollo social y económico de México. El acceso a la educación superior impulsa la movilidad social y la formación de profesionales que contribuyen al progreso nacional. Sin embargo, la cobertura sigue siendo insuficiente: el país no alcanza los niveles de naciones con acceso superior al 50%, limitando oportunidades y el potencial de desarrollo de miles de jóvenes.
Además del financiamiento, es necesario impulsar políticas públicas que promuevan la equidad y la calidad educativa. La educación no debe verse como un gasto, sino como una inversión que rendirá frutos a largo plazo en términos de innovación, competitividad y desarrollo sostenible.
La colaboración entre gobierno, instituciones educativas, sector privado y sociedad civil es fundamental para mejorar la infraestructura, las condiciones laborales de los docentes, actualizar planes de estudio y fomentar la investigación. Las universidades no solo preparan profesionales, sino ciudadanos críticos y comprometidos, esenciales para construir una sociedad más justa y democrática.
Aunque el ajuste presupuestal fue un paso positivo, es clave adoptar una visión amplia que reconozca la educación como un asunto de seguridad nacional y como un motor de desarrollo que promueva la colaboración, el compromiso y el apoyo a las instituciones formadoras de talento.
