Los olores extraños habían iniciado la víspera de aquel fatídico 22 de abril de 1992. Vecinos de amplias zonas del tradicional barrio de Analco en la la ciudad de Guadalajara, en el vecino estado de Jalisco habían alertado a las autoridades acerca de un fuerte hedor a gasolina que provenía de las alcantarillas.
Aunque autoridades municipales atendieron el reporte, y según se documentó, especialistas de Pemex detectaron cien por ciento de explosividad en la zona, las viviendas aledañas no fueron evacuadas. Cabe recordar que no había reglamentaciones ni planes de Protección Civil, mucho menos Atlas Municipales de Riesgos, como los conocemos ahora.
Habían pasado poco más de seis años apenas de los sismos de septiembre de 1985 y el país no estaba preparado para las tragedias, como la que sobrevino la mañana siguiente, fue alrededor de las 10:00 de la mañana cuando según se reportó: “más de 12 kilómetros del sector Reforma de la ciudad se convirtieron en zona de desastre y de tragedia para miles de tapatíos que sufrieron las consecuencias de una macro explosión”.
Los escombros, las labores de rescate, las manos solidarias y las autoridades rebasadas que solo atinaban a rescatar heridos y llevar un registro de los fallecidos fueron el parte cotidiano durante las siguientes semanas. Luego la reconstrucción que intentó cicatrizar la herida. El deslinde -que no castigo- de los responsables.
Hasta la fecha, los damnificados lidian con las secuelas del siniestro, ante la incapacidad y en algunos casos abandono de toda autoridad.
La lección más dolorosa fue la utilidad de la planeación y el diseño de programas efectivos de Protección Civil. La aplicación de un plan oportuno por parte de las autoridades y los vecinos mismos pudo haber, si no evitado, al menos sí mitigado la tragedia.
Un minuto de silencio y de reflexión en memoria de las víctimas.
Mario A. Arteaga
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