Mucho se ha hablado sobre la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, misma que esta semana fue votada en contra por el H. Congreso de la Unión. Dentro de las propuestas que integran la reforma constitucional está recortar la financiación a partidos políticos, reducir el número de diputados y reemplazar al Instituto Nacional Electoral (INE) por un organismo más pequeño, aunque con más competencias y que sus autoridades sean electas por sufragio universal.
El fundamento de la propuesta va de abaratar los costos del sistema político mexicano, que estimaba un ahorro de 24,000 millones de pesos. No obstante, la oposición política como otros sectores de la población se manifestaron en contra de ésta, tomando las calles el 13 de noviembre, argumentando que se ponía en riesgo no sólo la autonomía del INE sino su propia existencia.
El 6 de diciembre, con 269 votos a favor y 225 en contra, la reforma no pasó, pues se necesitaba mayoría calificada, es decir, dos tercios de los votos para poder concretar una reforma constitucional; sin embargo, el presidente refirió tener un “Plan B”, el cual busca modificar las leyes secundarias, particularmente la legislación electoral, puesto que para ello solo se necesita la mayoría simple.
En la madrugada del miércoles, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el “Plan B” para la reforma electoral, con 261 votos a favor y 216 en contra. Ahora pasará al Senado para votar y avalar el contenido del documento que incluye la reducción de aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos en gastos de operación del INE que se complementa con el gasto de los organismos locales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJF), con lo que se espera un ahorro de 5 mil millones de pesos durante el primer año que entre en vigor; se suprime duplicidad de las funciones de las áreas administrativas del INE al reducir las 300 oficinas distritales a 264; la posibilidad de que mexicanas y mexicanos en el extranjero puedan votar por internet (con credencial de elector, pasaporte o matrícula consular vigente); y prohibición del uso de mecanismos financieros para la potencial compra de votos.
El “Plan B” también contempla que el INE y el Tribunal Electoral ya no tendrán la facultad de imponer criterios para anular candidaturas, bajo el argumento de garantizar la libre participación de las y los ciudadanos. Al respecto de este punto, valdría la pena reflexionar sobre los límites de la libertad, particularmente hablando de quienes participan de la vida política: ¿qué tipo de personas queremos que nos representen?
Dolores López Loza*@lolitalopezloza
* Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato
