Hace aproximadamente dos meses en este espacio, ante el conflicto que apenas iniciaba generado por la CNTE, comenté que el gobierno de la Presidenta Sheinbaum debería actuar con cautela y llevar a cabo una operación quirúrgica a fin de que el conflicto no se saliera de control. El perfil radical de los militantes de esta organización magisterial y la violencia con que se conducen, pretendiendo disfrazar su actitud beligerante con el argumento de “democratizar al país y oponiéndose a la privatización de la educación”, no es otra cosa que el deseo de obtener por parte de los gobiernos federal y estatales una respuesta positiva a sus múltiples demandas.
El paro nacional indefinido convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), desde el 15 de Mayo del presente año, ha dejado sin clases a más de 400 mil estudiantes en todo México.
Esta cifra incluye alumnos de preescolar, primaria y secundaria, generando preocupación por el rezago educativo, ya que muchos alumnos podrán avanzar de grado sin haber concluido sus evaluaciones ni haber cubierto el plan de estudios. No es posible que por las acciones de esta organización, que cada año tienen lugar, se queden cientos de miles de estudiantes en diversas regiones del país sin recibir educación, problema que podría ir creciendo al sumarse otras agrupaciones y sindicatos, poniendo en riesgo la gobernabilidad del país.
Es diferente a lo acontecido en 2013, cuando la CNTE se opuso a la reforma educativa e inició movilizaciones en distintos estados tomando además la Plaza de la Constitución de CdMx, el gobierno en turno evitó que el conflicto estallara más allá de ciertas entidades federativas, lo que eliminó una posible crisis nacional, conteniendo a los maestros de la CNTE mediante el otorgamiento de espacios de protesta para no paralizar completamente al país.
Las mesas de diálogo fueron en aquellos estados que constituyen el epicentro del conflicto, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, entidades donde la CNTE tiene mayor presencia. Estas mesas funcionaron como parte de una estrategia de contención política, a fin de evitar que el conflicto escalara, sin embargo los acuerdos se dieron después de seis meses de paro.
En el conflicto actual con el gobierno federal, sus demandas son excesivas y de difícil cumplimiento, solicitan 100% de aumento salarial, basificación de los docentes interinos que están por contrato, recuperación y control sobre plazas, ascensos y nombramientos, derogación total de la Ley del Issste 2007, que suprimió el régimen de pensiones, eliminación del órgano que regula las promociones y evaluaciones docentes, pues para la CNTE esta medida la considera como una herramienta de control político y laboral. En conclusión, pretende el control del sistema educativo en regiones donde tiene fuerte presencia.
¿Este diferendo se prolongará como el de 2013, siendo Presidente Peña Nieto? En mi personal opinión, No. En un análisis objetivo con rigor lógico, el gobierno encabezado por AMLO, como el de la presidenta Sheinbaum, han contado en distintas campañas políticas con el apoyo de sus 100 mil agremiados, quienes han sido aliados políticos del partido Morena .
Finalmente, está claro que la CNTE, que se presenta como organización gremial, en la realidad tiene una agenda política clara que trata de incidir en las políticas educativas cuestionando el modelo neoliberal, por lo que sus demandas en parte serán satisfechas, con lo que se disolverá este conflicto en los próximos días. Al tiempo.
