Al informar a los senadores de Morena que la Unidad de Inteligencia Financiera no fue creada para investigar a la UNAM ni a instituciones educativas públicas, Santiago Nieto, titular de la UIF, exhibió la ignorancia de los legisladores quienes presentaron un punto de acuerdo ante el pleno de la Cámara Alta para, según ellos, fiscalizar los presupuestos que les otorga la Secretaría de Hacienda para su mejor funcionamiento.
Así con los dichos del “fiscal” de la dependencia federal, exhibe tal cual al coahuilense Armando Tijerina, -el senador de la texana vaquera que no se quita ni para bañarse- quien por enésima ocasión es reiterado como un supino legislador.
Y es que la fallida propuesta morenista en el Senado de la República se redactó tras salir éstos en férrea defensa de la “directora” del Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) María Elena Alvarez Buylla, quien en otro de sus disparates literarios, negó conocer la naturaleza de las indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de 31 ex colaboradores de la institución que “preside” de forma por demás desastrosa.
Cabe mencionar que la FGR investiga a 31 científicos mexicanos que pertenecieron a la propia institución, por presunta malversación de 244 millones de pesos, los cuales, reiteró la dependencia de justicia, habrían sido utilizados para causas diferentes a las que de forma original deberían haberse ejecutado.
De su lado, Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) calificó como inconcebible y un despropósito la pesquisa que realiza la Fiscalía General de la República en contra de los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Apuntó que confía de manera plena en la inocencia de los ex funcionarios señalados por la FGR y que predomine la división de poderes al momento de tomar una decisión sobre esas ligeras imputaciones que exhibe de forma grave a quienes de una forma u otra se han dedicado a la aportación de más y mejores teorías para el engrandecimiento de México.
De igual forma, el titular de la máxima casa de estudios de México arguyó que ante el desasosiego que se registra entre la comunidad académica internacional por este despropósito, se lesiona de manera grave la imagen de los aportadores de la ciencia.
Fiel a su espíritu universitario, Graue expuso que la UNAM reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y “creemos en la división de poderes y su autonomía en la irrestricta defensa de los posibles involucrados”.
Con referencia al espinoso asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer en su ya clásica mañanera, que la FGR realiza una indagatoria contra los multireferidos ex funcionarios del Conacyt por la malversación de al menos 244 millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El Jefe del Ejecutivo federal expuso que esos recursos, según las indagatorias, fueron entregados a 31 científicos durante el gobierno peñista a través del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), acciones que ya realizaba el propio Conacyt.
Sostuvo que la misión de su gobierno es erradicar la corrupción que en épocas neoliberales alcanzó a las élites intelectuales y académicas.
En tanto integrantes de la comunidad científica han expresado como el Conacyt ha cambiado a su arbitrio el reglamento del sistema nacional de investigadores sin consultar a sus más de 30 mil integrantes o la situación crítica por la que atraviesan los beneficiarios del programa Cátedras Conacyt, debido a los cambios de su reglamento.
El conflicto entre el foro consultivo científico y tecnológico no es reciente, y este comenzó en 2019 cuando desde la dirección del Conacyt decidieron dejar sin recursos a dicho foro, con el argumento baladí que la misma era una asociación civil.
No obstante que la invocada Ley de Ciencia de hace un par de años refería en el artículo 38 que el Conacyt otorgará por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado del foro consultivo, que incluía apoyos logísticos así como recursos para la operación y los gastos de traslado de estancia para la realización de sus reuniones de trabajo.
Marco Antonio García Granados
