Conocemos perfectamente el personaje: un presidente que presumía no usar tarjetas de crédito, que se envolvía en la bandera de la “pobreza franciscana” y que cada mañana repartía sermones sobre la austeridad republicana.
Pero mientras el patriarca predicaba sacrificio desde Palacio Nacional, parte de la familia aprovechaba el poder para levantar empresas, amarrar contratos, registrar ranchos y construir un discreto —aunque muy rentable— imperio del “bienestar” privado.
Ahí está, para empezar, Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”. Hasta hace unos días secretario de Organización de Morena… y también empresario chocolatero.
Chocolates Rocío nació en 2019, justo cuando el gobierno impulsaba Sembrando Vida, programa que subsidia la siembra de árboles frutales y maderables, incluido el cacao.
El expresidente insistió en que no existía conflicto de interés y que la empresa de su hijo jamás se benefició del programa.
Pero el mensaje quedó clarísimo: mientras millones de mexicanos sobrevivían con apoyos bimestrales de 5 mil pesos, los hijos descubrían las bondades del chocolate premium financiado indirectamente por el nuevo modelo de país.
Y no es el único milagro empresarial de la familia. Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del exmandatario, construyó en apenas seis años una red de empresas dedicadas a negocios tan variados como envíos de dinero, extracción de cuarzo, agronegocios y distribución de hidrocarburos.
Sus compañías acumularon un capital social mínimo de 11.4 millones de pesos.
Entre sus marcas aparecen nombres conmovedores como Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar, mientras el verdadero Banco del Bienestar acumula pérdidas, fallas y quejas.
Lo más admirable fue la velocidad institucional: Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera revisaron todo en un fin de semana y, casualmente, “no encontraron irregularidades”.
La nueva doctrina de la 4T parece sencilla: primero nace el negocio y después llega el certificado exprés de pureza revolucionaria.
En Tabasco, mientras tanto, el árbol genealógico floreció en forma de ranchos. José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente, declaró poseer trece propiedades rurales y casi 700 cabezas de ganado.
Nueve de esos ranchos habrían sido adquiridos durante el sexenio de su hermano.
Él asegura que todo proviene de años de esfuerzo y de una pequeña parcela inicial. Claro. Porque todos sabemos que en México basta con trabajar duro para comprarse ranchos cada par de años.
La exigencia moral también funciona de manera curiosamente selectiva: a los adversarios se les audita hasta el coche usado; a la familia presidencial se le cree el cuento de la multiplicación milagrosa de parcelas.
Y luego está Felipa Obrador, quizá el caso más descarado de todos. Pemex reconoció que empresas vinculadas con la prima del presidente obtuvieron contratos millonarios para manejo de combustóleo, aguas residuales y otros servicios industriales. Cuando el escándalo explotó, se habló de un simple “error”.
Un error que costó miles de millones de pesos y que, casualmente, continuó mediante cambios de razón social, asociaciones estratégicas y subcontrataciones ligadas al Instituto Mexicano del Petróleo.
En cualquier país serio eso se llamaría tráfico de influencias. Aquí intentaron venderlo como una confusión administrativa.
El problema no es que la familia presidencial tenga dinero o aspire a tenerlo.
El problema es que buena parte de esa prosperidad creció bajo la sombra del poder político, utilizando relaciones, programas y estructuras del Estado a las que ningún mexicano común tiene acceso.
Porque cuando uno junta chocolates, ranchos, hidrocarburos, contratos petroleros y empresas del “Bienestar” administradas por hijos, hermanos, cuñados y primos, la conclusión es inevitable: la austeridad republicana terminó siendo apenas el disfraz perfecto para ocultar el verdadero rostro de una familia que convirtió el poder en patrimonio.
