El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) está en el ojo del huracán por su plan para regularizar cerca de 800,000 viviendas abandonadas o invadidas, anunciado en junio de 2025. La propuesta, respaldada por la presidenta de México, ha generado un torbellino de malentendidos, especialmente por la idea de que se está “regalando casas a paracaidistas”.
Este término, cargado de prejuicios, ha nublado el verdadero propósito del programa: resolver un problema habitacional heredado y garantizar el derecho a la vivienda sin vulnerar la propiedad privada. Es por eso que considero importante aclarar los hechos, desmentir rumores y destacar por qué este esfuerzo es crucial para los trabajadores mexicanos.
El malentendido comenzó con el anuncio de que las 145,000 viviendas ocupadas irregularmente, parte de las 800,000 “emproblemadas” identificadas en un censo con la Secretaría de Bienestar, no serán desalojadas. En su lugar, el Infonavit, liderado por Octavio Romero Oropeza, ofrecerá a estos ocupantes un esquema de renta con opción a compra a precios accesibles, basado en el valor contable de las propiedades.
En cuatro o cinco años, estas familias, muchas en situación de precariedad, podrán convertirse en propietarios legales, incluso sin ser derechohabientes. Lejos de ser un regalo, este mecanismo asegura que las viviendas regresen al ciclo patrimonial del Instituto, generando ingresos para nuevos créditos.
La percepción de que el Infonavit “premia la ilegalidad” ignora el contexto. Estas casas, construidas en gobiernos pasados, fueron abandonadas por sus dueños originales debido a ubicaciones remotas, falta de servicios básicos o créditos impagables. Sheinbaum, en su conferencia del 18 de junio de 2025, explicó que algunas propiedades fueron vendidas hasta cinco veces en fraudes, mientras otras quedaron inhabitables por su lejanía a centros de trabajo.
Este abandono masivo dejó un vacío que familias vulnerables llenaron, ocupando casas sin título legal. Forzar desalojos no solo sería inhumano, sino ineficaz, como lo demuestra el gasto de miles de millones en intentos fallidos de recuperación.
Es por ello que el programa protege a todos los involucrados. Los propietarios originales que abandonaron sus casas por deudas impagables recibirán soluciones como reestructuraciones de crédito o acceso a las 23,000 viviendas que el Infonavit rehabilitará para grupos prioritarios, como mujeres jefas de familia y jóvenes.
Además, el Instituto ha tomado medidas contra la corrupción, presentando 150 denuncias y rescindiendo contratos de 22 trabajadores implicados en irregularidades. Los casos con denuncias penales por despojo no serán regularizados, garantizando el respeto a la legalidad.
Entonces, ¿por qué la confusión? La palabra “paracaidistas” evoca una imagen de oportunismo que no refleja la realidad de familias necesitadas. La comunicación del Infonavit ha sido insuficiente para contrarrestar esta narrativa, alimentada en redes sociales por críticas que acusan al gobierno de desincentivar el pago de créditos formales.
Sin embargo, regularizar estas viviendas no solo beneficia a los ocupantes, sino que fortalece al Instituto al recuperar activos perdidos y fomenta comunidades más estables. Ignorar el problema, como se hizo por décadas, solo perpetúa el abandono y el deterioro urbano.
El plan también se enmarca en una ambiciosa meta sexenal de construir 1.1 millones de viviendas, con el Infonavit edificando 600,000. Para evitar repetir errores del pasado, como desarrollos mal planeados, el Instituto debe garantizar transparencia, calidad y planeación urbana que priorice la conectividad y los servicios.
Pero la confianza de los trabajadores depende de una comunicación clara que explique que este programa no vulnera sus derechos, sino que amplía el acceso a la vivienda digna. Al regularizar viviendas y rehabilitar comunidades, el Instituto puede transformar un problema en una oportunidad para millones de mexicanos, pero requiere de una comunicación que no revictimice, ni vulnere la dignidad de las miles de familias precarizadas a quienes va dirigido el programa, para evitar la polarización.
