El pasado 3 de septiembre de 2025, la presentación de la Agenda de Acción para eliminar muertes y lesiones viales en motocicletas, impulsada por Céntrico, la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados y la Coalición Movilidad Segura, puso sobre la mesa una verdad incómoda: México está en deuda con sus motociclistas.
En 2023, 6,100 personas murieron en accidentes de moto, un aumento brutal desde las 2,047 de 2012, representando el 35% de las víctimas viales. Son historias de vida truncadas, familias rotas y una inacción gubernamental que clama justicia. Mientras el parque de motocicletas creció 17 veces en dos décadas, las autoridades han respondido con indiferencia, dejando a los usuarios —sobre todo jóvenes de 15 a 34 años y un creciente número de pasajeros— a merced de calles mal diseñadas y reglas inexistentes.
¿Cuántas muertes más necesita el gobierno para despertar?
Las motos son más que un vehículo; son una solución de movilidad y empleo para millones que enfrentan un transporte público ineficiente y distancias abrumadoras. Pero este alivio viene con un costo mortal: el 57-65% de las muertes son por colisiones con autos o camiones, y un 34-43% por derrapes o choques contra objetos fijos.
Las zonas urbanas, como la Ciudad de México, Guadalajara o Sinaloa, son escenarios de tragedia, con intersecciones caóticas y avenidas que priorizan la velocidad sobre la seguridad. Es por eso que, la Agenda propone un Sistema Seguro: control de velocidades, cascos certificados, formación obligatoria, calles que protejan y una respuesta post-accidente efectiva.
Sin embargo, este plan choca con la apatía de las autoridades, que prefieren operativos de relumbrón o culpar a los conductores antes que asumir su responsabilidad. Pero la inacción no es solo negligencia; es una traición al derecho a una movilidad segura.
Mientras plataformas como DiDi Moto proliferan sin regulación estricta, los gobiernos federal y local se pasan la responsabilidad como si la vida de los motociclistas fuera desechable. ¿Por qué no hay campañas masivas de capacitación? ¿Por qué las calles siguen siendo trampas mortales? ¿Por qué las plataformas no enfrentan estándares claros?
La Agenda es un grito de urgencia, pero sin voluntad política, presupuesto y acción coordinada, será solo un documento más. Los motociclistas merecen más que discursos; merecen un sistema que no los condene a muerte por moverse o trabajar. Es hora de que las autoridades dejen de tratar la regulación como un trámite y la vean como un imperativo moral. Cada muerte en la carretera es prevenible, y cada día sin acción es una oportunidad perdida. La sociedad civil, las familias de las víctimas y los propios motociclistas deben alzar la voz para exigir un cambio real.
No queremos más estadísticas; queremos vidas protegidas. Que la Agenda de Acción no sea un eco en el vacío, sino el inicio de un México donde las motos representen libertad, no peligro.
¿Seguiremos esperando?
