ingrid Escamilla Vargas era una joven de 25 años originaria de Puebla y maestra en Administración de Empresas Turísticas a quien Erick Francisco “N”, su pareja de 46 años, asesinó el pasado 9 de febrero del 2020 en el domicilio de este tras una discusión.
Su caso nos indignó a miles de mexicanas y mexicanos por la saña y el nivel de violencia con que fue perpetrado, pero incendió las redes sociales porque además de la indolencia con que nos fue arrebatada, la forma en que fue difundida la noticia puso en evidencia la insolencia y el morbo con el que trabajan muchos medios de comunicación, luego de que fueran compartidas las fotografías del cadáver de la víctima, el cual fue desollado (y ni hablar de las autoridades que fueron capaces de compartir las imágenes para que fueran publicadas).
Los descarados encabezados “la culpa la tuvo Cupido”, “descarnada” o “crimen pasional”, acompañados de las fotografías sin censurar del cuerpo de Ingrid nos demostraron toda la misoginia que ha interiorizado la sociedad mexicana, producto del odio que nos tienen a las mujeres, y del machismo que sale a relucir cada que es posible, lo cual provocó como respuesta una serie de manifestaciones feministas para exigir justicia por el asesinato de Escamilla y la creación de una ley que proteja la dignidad de las víctimas para evitar que más casos pudieran terminar expuestos de esta forma.
A poco más de dos años después de lo antes mencionado, el pasado 23 de marzo se aprobó en la Cámara de Diputados por unanimidad la “Ley Ingrid” (basada en su caso), con la cual se busca sancionar con cuatro a 10 años de prisión a funcionarios públicos que filtren y difundan imágenes de víctimas de delitos, principalmente de mujeres y menores de edad.
Con un total de 470 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, las y los diputados federales ratificaron el que se añada la fracción 29 al artículo 225 del Código Penal Federal, mismo que además de los años de prisión, prevé también de 100 a 150 días de multa.
Dicha reforma señala que son delitos contra la administración de justicia, aquellos cometidos por servidores públicos, “cuando por sí o por interpósita persona, a través de cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con un procedimiento penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho o hechos que la ley señale como delitos”.
Aunque el dictamen fue turnado al Senado para su revisión y aprobación, podemos hablar de un gran avance respecto a este tema que, a pesar de que nos afecta a todos, pareciera que las mujeres somos más propensas a ser blanco de burlas y un nivel de exposición altamente violento, por lo que esperemos sirva para limitar el que se sigan revictimizando a las víctimas.
Sobre todo este tema, me parece increíble que tengamos que pedir (casi implorar) que se trate de forma digna, justa y con la discreción que se merecen los casos de todas aquellas personas a las que la violencia nos ha arrebatado, ya que eso es lo mínimo que deberían hacer las autoridades y los medios de comunicación, pero parece que es mucho pedir y solo con cárcel y multas puedan entrar en razón.
Ojalá que, en caso de ser aprobada por el Senado, la “Ley Ingrid” nos haga entender que la culpa nunca más “será de Cupido”.
