México atraviesa un duelo recurrente, marcado por tragedias evitables que exponen la negligencia crónica de las autoridades en materia de movilidad. Dos eventos recientes, devastadores en su magnitud, han sacudido al país: el 8 de septiembre, en Atlacomulco, Estado de México, un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata fue destrozado por un tren de carga en un cruce ferroviario, dejando al menos 10 muertos y más de 50 heridos.
Apenas dos días después, el 10 de septiembre, una pipa con 49 mil litros de gas volcó y explotó bajo el Puente de la Concordia en Iztapalapa, Ciudad de México, cobrando ocho vidas, dejando 94 lesionados con quemaduras graves y destruyendo 28 vehículos, y estos no son meros accidentes; son el resultado directo de un sistema donde la inacción gubernamental se traduce en sangre.
Si las autoridades hubieran cumplido su labor básica —regular, inspeccionar, prevenir—, estas catástrofes no habrían ocurrido. Empecemos por Atlacomulco. El cruce ferroviario donde ocurrió la colisión es un peligro conocido. Vecinos han denunciado durante años la falta de barreras, señales claras o semáforos en este paso a nivel.
El autobús, un vehículo de doble piso, intentó cruzar las vías y fue partido en dos por un tren de carga. Entre las víctimas están estudiantes como Juan Carlos Sánchez Blas, del IPN, y familias enteras que confiaban en un transporte que jamás debió operar en condiciones tan precarias, a pesar de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Protección Civil sabían de los riesgos en cruces como este, donde los accidentes son recurrentes.
Según datos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, México registra decenas de colisiones fatales al año en pasos a nivel, muchas por falta de infraestructura básica. ¿Dónde están las auditorías de seguridad? ¿Por qué no hay inversión en barreras automáticas o señalización adecuada?
La gobernadora Delfina Gómez se limitó a ofrecer condolencias y a elogiar a los paramédicos, mientras el conductor del autobús sigue prófugo, pero esto no es gobernar; es lavarse las manos.
El caso de Iztapalapa es aún más indignante. La pipa de la empresa Silza, que transportaba gas licuado, circulaba por la Calzada Ignacio Zaragoza, una vía saturada y mal regulada, cuando volcó y desató una explosión que convirtió el área en un infierno.
La pipa tenía “seguros vigentes”, según la empresa, pero ¿quién verifica su estado mecánico? ¿Quién asegura que no haya sobrecarga o fatiga del conductor? La respuesta es nadie. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la presidenta Claudia Sheinbaum hablaron de coordinación con el IMSS y la Marina para atender la emergencia, pero la prevención brilla por su ausencia.
Más de 30 casas afectadas, estaciones de metro cerradas y una ciudad paralizada son el saldo de esta negligencia, pero estas tragedias no son aisladas; son síntomas de un sistema colapsado.
Mientras el gobierno federal destina miles de millones a proyectos como el Tren Maya, los cruces ferroviarios mortales y las rutas urbanas para pipas peligrosas se ignoran. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no implementa estándares rigurosos para transporte de carga, y las autoridades locales evaden su responsabilidad con discursos vacíos.
La falta de inspecciones regulares, la permisividad con empresas irresponsables y la ausencia de educación vial son una sentencia de muerte para los ciudadanos. Es hora de exigir resultados. Necesitamos auditorías independientes a las empresas de transporte, sanciones reales a funcionarios omisos y un plan nacional de seguridad vial que priorice la vida sobre los intereses económicos.
Como sociedad civil debemos alzar la voz: no más condolencias, no más excusas. Si las autoridades hubieran hecho su trabajo —inspeccionar, regular, invertir—, Atlacomulco no lloraría a sus muertos, e Iztapalapa no estaría en ruinas. México merece moverse sin temor, no pagar con sangre el abandono institucional.
