En la Ciudad de México, la gentrificación devora barrios enteros, y Airbnb, lejos de ser una solución económica, es un catalizador del desplazamiento y el encarecimiento de la vivienda. Mientras grandes inmobiliarias acaparan propiedades para rentas turísticas, las autoridades capitalinas, con medidas tibias y atrapadas en tribunales, fallan en proteger el derecho a la vivienda y la calidad de vida de los mexicanos.
Esta crisis no solo es económica, sino una traición al tejido social de la ciudad. La narrativa de Airbnb como una plataforma que empodera a ciudadanos comunes es una farsa. Según Reporte Indigo, empresas como Wynwood House, con 847 propiedades, y Homirent, con 441, dominan el mercado en colonias como Roma, Condesa y Juárez.
Estas inmobiliarias, muchas de ellas operando desde el extranjero, convierten viviendas en alojamientos turísticos, reduciendo la oferta de renta a largo plazo y disparando los precios hasta un 30% anual. En Juárez, 4,000 personas han sido desplazadas, víctimas de un modelo que prioriza el lucro sobre los habitantes. ¿Dónde está el beneficio para las comunidades cuando las ganancias van a corporaciones, no a familias locales?
Airbnb se jacta de generar empleos, pero no hay evidencia sólida que lo demuestre en el país. No existen datos públicos sobre cuántos trabajos crea en la CDMX, ni si son empleos dignos con salarios justos. Por su parte, los “coanfitriones” o “AirHost” mencionados en la investigación son meros gestores que optimizan ganancias para inmobiliarias, no trabajadores que fortalecen la economía local.
Mientras, los comercios tradicionales —verdaderos generadores de empleo— son reemplazados por cafeterías y coworkings para nómadas digitales, dejando a los barrios sin su alma y a los mexicanos sin sustento. Es por ello que la gentrificación impulsada por Airbnb es una afrenta cultural.
Colonias como Condesa, cuna de la bohemia mexicana, se transforman en parques temáticos para extranjeros, con rentas en dólares y menús en inglés. Vecinos organizados, como Aquí Somos, denuncian despojos de predios para alojamientos turísticos, pero las autoridades responden con una pasividad alarmante.
El Bando 1 de Clara Brugada (julio 2025) promete regular las rentas y proteger a los inquilinos, pero está estancado por amparos legales y carece de dientes para frenar a las inmobiliarias. Mientras que la reforma a la Ley de Turismo, que limita las rentas a 182 noches al año, es una burla: solo el 17% de los anuncios en Airbnb supera este umbral.
Aunado a esto, la Copa Mundial de la FIFA 2026 parece pesar más que el derecho a la vivienda, con el gobierno priorizando el turismo sobre sus ciudadanos. Esta inacción es una traición al artículo 4 de la Constitución, que consagra el derecho a una vivienda digna. En lugar de medidas cosméticas, la CDMX necesita un plan robusto: topes estrictos al número de propiedades por anfitrión, impuestos a las rentas turísticas para financiar vivienda social y sanciones a quienes despojen predios.
Ciudades como Barcelona y Ámsterdam han limitado Airbnb con éxito; ¿por qué la CDMX y el resto de ciudades mexicanas no pueden? El Instituto de Planeación podría trazar un futuro donde los barrios sean para los mexicanos, no para los huéspedes temporales. Pero mientras las autoridades se doblegan ante intereses económicos, las protestas en Condesa y Juárez son un grito desesperado contra un sistema que los expulsa.
Airbnb no es el único culpable, pero su impacto es devastador. Sin regulación efectiva, es un instrumento de despojo disfrazado de innovación. La CDMX no puede ser un escaparate turístico a costa de sus habitantes. Las autoridades deben actuar con urgencia, no con promesas vacías, para garantizar que la ciudad siga siendo un hogar y no un negocio. El derecho a la vivienda no es negociable, y los mexicanos merecemos más que ser espectadores en nuestras propias ciudades.
