He insistido en esta columna en que la economía mexicana está pasando por un mal momento, y la segunda causa más importante de esto es que la inversión privada está en niveles muy bajos y la pública es muy pequeña, amén de que se ha concentrado en proyectos de bajo impacto.
Con inversión privada me refiero a la nacional y a la extranjera, que el año pasado cayó más de 9%; la actual administración ha tomado decisiones que provocan malestar en la IP porque han sido irracionales, como cancelar el nuevo aeropuerto y la planta de cerveza en Mexicali.
En el caso del aeropuerto, el gobierno dijo que se cancelaba por la corrupción que había en el proyecto, lo cual nunca se probó y el secretario de Comunicaciones, en ese entonces Javier Jiménez Espriú, dijo que no se había encontrado tal corrupción; sobre la cervecera se dijo que limitaba la capacidad de agua en la zona, lo cual se desmintió con estudios técnicos confiables.
Se pretendió, con consultas hechas a modo y sin validez legal, decir que el “pueblo rechazaba esos proyectos”; eso, más los ataques del Presidente a los empresarios empezaron a generar incertidumbre ante una política que parece destruir o debilitar a la iniciativa privada para establecer un régimen de instituciones estatales en las que se apoye el crecimiento económico.
Un régimen así lo vivimos con Luis Echeverría; la única diferencia es que ahora se pretende hacer lo mismo pero sin que el país se endeude, siendo Pemex y CFE las grandes palancas del crecimiento. Yo creo que no tiene pies ni cabeza.
Estas políticas, equivocadas, son las causas de que la inversión en el país esté en niveles mínimos. Con la pandemia encima, que merece ser tratada por separado por el lamentable número que arroja en todos sentidos, que la inversión esté estancada es un augurio de que los próximos años seguirán siendo malos para la economía.
Que este año podamos crecer a 3.5 o 4% no quiere decir que estamos bien, tras una caída de 8.3% (la peor en los últimos 90 años), es lógico esperar un rebote, pero es insuficiente para recuperar lo perdido en 2020. Regresar a los niveles de 2018 tomará casi todo el sexenio, o sea, cinco o seis años perdidos en crecimiento, creación de empleos y generación de oportunidades.
Por otro lado, la iniciativa para reformar a la industria eléctrica viola muchos principios, pues tiene tintes de retroactividad, y tira a la basura la reforma energética aprobada en 2013 que el Presidente dijo que respetaría. Con esto queda claro que no cumplirá con lo ofrecido en su campaña.
Esta iniciativa provocará que los mexicanos paguemos más por la energía eléctrica; además se apoya más en las energías sucias, violando pactos internacionales. Es una irresponsabilidad, al grado que la Corte manifestó que la actual política energética obstaculiza la competencia económica y beneficia a la CFE, por lo que invalidó los elementos centrales de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional. Con políticas como ésta, la inversión privada seguirá detenida.
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