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La economía mexicana no va bien

Me llama la atención que la actual administración no acepte, y en ocasiones incluso se moleste, cuando diversos analistas señalan que la economía mexicana no atraviesa por un buen momento. Creo que gran parte de la discusión es un problema de semántica e interpretación.

Algunas personas, movidas por intereses distintos a los de los analistas profesionales, afirman que México se encuentra en una profunda crisis o a punto de entrar en una. Desde mi punto de vista, ese diagnóstico es incorrecto. El alarmismo rara vez ayuda a entender la realidad y muchas veces responde más a agendas particulares que a un análisis objetivo de los datos.

Sin embargo, tampoco comparto la idea de que la economía mexicana marche bien. Considero que está mal porque crece muy poco para las necesidades de una población que demanda mayores oportunidades y mejores niveles de bienestar. Está mal porque no se aprovechan plenamente las oportunidades de inversión que ofrece el contexto internacional. Está mal porque la inversión productiva es insuficiente, porque la recaudación fiscal continúa siendo una de las más bajas entre los países de la OCDE, porque la corrupción sigue representando un obstáculo importante y porque el estado de derecho continúa mostrando debilidades preocupantes.

A ello debemos sumar el problema de la inseguridad y la expansión del crimen organizado, factores que limitan la capacidad de los ciudadanos y de las empresas para invertir, trabajar y desarrollar proyectos de largo plazo. La lista de desafíos puede ser mucho más extensa.

A pesar de todo lo anterior, estoy convencido de que en el corto plazo, es decir, durante los próximos 12 a 18 meses, México no enfrentará una crisis económica aguda. La principal excepción será un deterioro severo de la relación con Estados Unidos que pusiera en riesgo la continuidad del T-MEC, nuestra relación comercial y de inversión más importante.

Siempre he sostenido que existen dos posibles futuros para México: uno con T-MEC y otro sin él. El primero permite mantener un entorno de crecimiento moderado y estabilidad relativa. El segundo implicaría una crisis económica de gran magnitud. Por fortuna, considero que la permanencia del tratado es el escenario más probable, simplemente porque beneficia a ambas partes y responde a una lógica económica difícil de ignorar.

Dicho esto, el gobierno debe redoblar esfuerzos para incentivar la inversión privada, tanto nacional como extranjera. También es deseable que la inversión pública se oriente de manera más eficiente hacia los grandes rezagos estructurales del país: infraestructura eléctrica, disponibilidad de agua, generación de energía mediante gas natural, carreteras, puertos, puentes, presas y sistemas logísticos que permitan elevar la competitividad nacional.

Igualmente importante es continuar fortaleciendo la seguridad pública, consolidar el estado de derecho y combatir la corrupción de manera efectiva. Ninguna economía puede aspirar a un crecimiento sostenido sin instituciones sólidas y sin certidumbre jurídica.

Las recientes evaluaciones de las calificadoras internacionales han encendido señales de alerta. Standard & Poor’s modificó la perspectiva de la deuda soberana mexicana de estable a negativa, mientras que Moody’s redujo la calificación crediticia del país. Ambos mensajes reflejan una preocupación creciente por el estado de las finanzas públicas.

El déficit fiscal continúa siendo elevado, la deuda pública ha aumentado de forma importante en términos absolutos y el costo financiero de esa deuda consume cada vez más recursos presupuestales. Esto ocurre en un contexto en el que el gobierno ha reiterado su compromiso de mantener sin cambios los programas sociales, lo que limita aún más el margen de maniobra fiscal.

En conclusión, no considero que México esté en crisis, pero tampoco creo que la economía vaya bien. Tenemos fortalezas importantes, particularmente nuestra integración con Norteamérica, pero también enfrentamos retos estructurales que no pueden seguir ignorándose. Si no se fortalecen las finanzas públicas y no se generan condiciones favorables para la inversión y el crecimiento, hacia 2028 podríamos enfrentar una situación considerablemente más complicada de la que observamos hoy.


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Manuel Somoza
  • Manuel Somoza
  • Presidente de Somoza y Asociados, Asesor Financiero Afiliado a GBM. Economista por la Universidad Anáhuac con maestría en Finanzas por el Tec de Monterrey.
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