El pasado miércoles asistí al XV Congreso Internacional de Investigación Social de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahí escuché al doctor Gilberto Rescher, de la Universidad de Hamburgo, impartir la conferencia magistral “Aterrizar el conocimiento: lidiar con la complejidad social desde epistemologías abiertas, críticas y explorativas”.
Su planteamiento me llevó a reflexionar, entre otras cosas, sobre cómo la posición social y el ejercicio prolongado del poder pueden construir realidades distintas. Desde esa perspectiva, propongo analizar el comportamiento público de Carolina Viggiano. No para juzgar la legalidad de su patrimonio, sino para comprender la distancia entre ciertas élites políticas y la vida cotidiana de los mexicanos, especialmente de los hidalguenses.
En mi columna anterior, “La riqueza de Viggiano y la moral selectiva”, contrasté ingresos acumulados por aproximadamente 12.6 millones de pesos hasta 2022 con estimaciones superiores a 70 millones para dos propiedades que se le atribuyen. La diferencia no prueba irregularidades, aunque ya se verificaron varios documentos notariales que revelan que negar no exime de enfrentar la verdad, pero también justifica preguntas sobre transparencia.
Ahora se suman dos bienes reportados por la prensa. Síntesis, con información de El Universal, informó sobre un departamento en Puerta Alameda, Ciudad de México. La compraventa se habría formalizado en diciembre de 2025 por 4 millones 250 mil pesos. Sin Línea reportó un terreno de 312.24 metros cuadrados en el Club de Golf Zirándaro, San Miguel de Allende, adquirido en julio de 2025 por un millón 310 mil pesos.
No cuestionaremos- al menos por ahora- el origen de esos bienes. Corresponde a las autoridades hacerlo y acreditar su legalidad. La pregunta sociológica es otra: ¿qué ocurre cuando alguien vive durante décadas entre cacicazgos, opulencia, cargos adquiridos de distintas maneras, relaciones con personajes sumamente cuestionables que no pasan ninguna prueba de aceptación pública y oportunidades privilegiadas, mientras millones de personas luchan por pagar una vivienda, la renta del mes, sostener a sus familias o incluso se ven obligados a migrar para sobrevivir?
Los privilegios pueden convertirse en una normalidad propia, alejada de quienes nunca tuvieron esas ventajas. Por eso, cuando una figura política cuestiona a otros desde su nube de privilegio permanente, mientras su patrimonio genera serias y obvias interrogantes, la transparencia debe exigirse sin excepciones.
Curioso y anecdótico también el que ayer también hubo una personera quien intentó desviar la discusión hacia mi trabajo con la comunidad migrante hidalguense y mis eventuales aspiraciones políticas. Resulta peculiar cuestionar a alguien que lleva más de dos décadas ejerciendo el periodismo de opinión, con colaboraciones sin retribución y trabajando honestamente como la mayoría de los mexicanos, pero sin poder señalar mácula alguna.
Mi trayectoria no depende de la aprobación de quienes se incomodan con la crítica. Cuestionar es legítimo. Insinuar sin argumentos y utilizar espacios institucionales para desacreditar revela poca madurez política.
Y por cierto, por una coincidencia significativa por los contubernios entre ambos personajes: Pude constatar en la misma UAEH otro hecho digno de reconocimiento. Uno de los auditorios del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que llevaba el nombre de Jesús Murillo Karam, ahora se identifica solo como Módulo 1.
