Alto al fuego, ya no tiren ¡sanidad!”, posteriormente algunos militares se acercan, se percatan de que hay una persona con vida, a lo que otro responde: “¡Mátalo, mátalo, a la verga!” La expresión los describe: una vida no les merece ni un segundo de reflexión.
El lunes pasado El Universal dio a conocer un reportaje firmado por Íñigo Arredondo sobre una ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, Tamaulipas, perpetrada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional el 3 de julio pasado. La versión oficial de los hechos fue que después de que el fuego se detuvo, no hubo ninguna persona con vida, pero el reportaje demuestra lo contrario. Hay varios puntos preocupantes de estos hechos que demuestran que la discusión sobre la política de seguridad no está agotada. Dejo aquí cinco:
1. La militarización de la seguridad pública está latente en México. En mayo de este año, el presidente López Obrador se refirió a su política de seguridad —abanderada por la Guardia Nacional— de la siguiente manera: “aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo en que nos deben ayudar las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública. Estoy convencido de que es necesario”. El trabajo de Íñigo Arredondo pone en evidencia que las “críticas” a las que se refiere el Presidente, son legítimas, y que su necedad de utilizar al ejército para la seguridad continúa teniendo como resultado en graves violaciones a los derechos humanos. Ni que decir del resto de funciones de toda índole, que Andrés Manuel ha puesto en manos del ejercito.
2. Por obvias razones, la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo en su poder el video revelado por El Universal. Optaron por ofrecer una versión oficial que encubría que sus elementos asesinaron a sangre fría a un civil.
3. Ayer el General Secretario Luis Cresencio Sandoval informó que la Fiscalía de Justicia Militar inició una investigación por los hechos que se ven en el video y que, si en algún momento tiene que derivarlo hacia la parte civil, lo hará. El gobierno federal sigue sin entender que la jurisdicción militar tiene un alcance restrictivo y excepcional, mientras que el fuero civil sí garantiza los derechos de las víctimas. En el caso concreto, la Fiscalía de Justicia Militar debería declararse incompetente por el solo hecho de que la víctima es un civil y que se trata de una grave violación de derechos humanos.
4. La Fiscalía General de la República se encuentra a prueba. ¿Se limitará frente a la Sedena con respecto a que la Fiscalía Militar sea la autoridad previa que procure la justicia en un caso que es competencia del fuero civil federal?
5. La CNDH hasta el momento no ha emitido ningún pronunciamiento sobre los hechos y, peor aun, no ha informado la apertura de una investigación sobre la ejecución extrajudicial cometida por el ejército.
El gobierno de AMLO ha avanzado en algunos puntos de la agenda de derechos humanos, pero cuando se trata del ejército parece que están dispuestos a mandar todo a la v...
@maiteazuela
