La Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Iguala de la FGR ha comenzado a ofrecer datos que pueden desquebrajar el pacto de impunidad en el caso Ayotzinapa: una orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, y otras órdenes contra elementos de seguridad acusados por torturar para probar una verdad inexistente.
El 6 de octubre de 2014, el ex procurador Jesús Murillo Karam hizo público que asumiría la investigación y agregó que él y Zerón de Lucio serían los responsables directos.
Vale la pena traer a la memoria algunos datos públicos de la investigación —a cargo de la entonces PGR— para entender que las ordenes de aprensión dictadas recientemente no son simple persecución política.
La versión oficial del destino de los normalistas se construyó sin ninguna investigación previa, con una denuncia anónima que supuestamente se recibió en el teléfono de la PGR. Como ya se ha dicho, esa versión no tiene sustento científico y las personas que supuestamente confesaron haber participado resulta que fueron torturadas, incluso a una de ellas la vimos con Zerón de Lucio en el supuesto hallazgo —realizado en lo oscurito sin que conste en el expediente— de una bolsa en el Río San Juan de la cual sorpresivamente saldría una pieza ósea del único estudiante identificado hasta hoy, esto fue dado a conocer por el GIEI en 2016.
El video que se hizo público el año pasado en el noticiero de Denise Maerker donde queda evidenciada la tortura practicada a un detenido en 2014. Se dice que el personaje que interroga al detenido mientras es torturado es Carlos Gómez Arrieta, entonces titular de la Policía Federal Ministerial y, por lo tanto, subordinado de Zerón de Lucio. En este acto de tortura, también está involucrado al menos un miembro de la Secretaría de Marina, que ya fue detenido ayer junto con otro Policía Federal Ministerial. Gómez Arrieta y Zerón de Lucio están prófugos.
El informe de la ONU “Doble Injusticia” refiere que, en al menos 23 casos de tortura —de los 34 documentados— las personas procesadas señalaron directamente a la Policía Federal Ministerial.
Si algo procuraron Zerón de Lucio y su equipo, fue el ocultamiento de la verdad, con un manejo doloso de la investigación para construir una versión sin sustento científico. Si este gobierno consigue detener a algunos de los responsables hoy prófugos, demostraría su compromiso por desenmascarar a quienes enturbiaron las investigaciones. ¿Cuántas personas más estarán involucradas en este pacto de impunidad? ¿A quiénes alcanzará el pacto de impunidad que lograba esta red de complicidad entre la PGR y los responsables de la desaparición?
La resistencia de las familias de los normalistas, el apoyo de sus defensores del Centro Prodh, el compromiso de funcionarios como Omar Gómez Trejo (titular de la unidad de la FGR que investiga el caso) y Alejandro Encinas son importantes para que se rompan de una vez por todas los pactos de impunidad. Mientras el ejecutor de la verdad histórica huye de la justicia, en la fiscalía tendrán que dar con su paradero y desmantelar la maraña de complicidades que posiblemente se gestionaron desde la entonces Procuraduría General de la República.
@maiteazuela
