Del caso de Genaro García Luna en Estados Unidos tenemos noticias todos los días, desde su detención en diciembre pasado. Se ha hablado mucho de las acusaciones que el ex secretario enfrenta en Estados Unidos, todas relacionadas con actos de corrupción y narcotráfico. Incluso el Estado mexicano ha informado que se encuentra “colaborando” con la justicia estadunidense. Sin embargo, de las investigaciones que llevan las autoridades mexicanas contra García Luna se habla poco y en voz baja.
Portación de cocaína, relación con el narcotráfico y sobornos, sin duda delitos que hay que perseguir. Pero ¿qué hay de las vidas de las personas que afectó en su paso como autoridad de seguridad en nuestro país?
En México, la grave crisis de derechos humanos comenzó a gestarse justamente desde el sexenio en que García Luna fungió como secretario de Seguridad Pública. Durante aquellos años organizaciones de la sociedad civil documentaron el actuar de la Policía Federal, institución a su cargo, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió varias recomendaciones que fueron rechazadas por el entonces secretario. ¿Su responsabilidad quedará oculta entre expedientes y en la impunidad?
De la recomendación 43/2011 sobre la desaparición de tres personas en Chihuahua, el secretario afirmó que no había ningún señalamiento a su policía y por eso no fue aceptada. Recientemente se dio a conocer que entre 2007 y 2012 la Secretaría de Seguridad Pública fue acusada ante la CNDH por poco más de 6 mil presuntas violaciones de derechos humanos.
En una comparecencia del ex secretario en 2011 ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, afirmó que estaba dispuesto a asumir los costos de la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico. No está de más recordar que en esa comparecencia, varias diputadas y diputados lo cuestionaron sobre los actos de corrupción y nexos con el crimen organizado de los que ya se le señalaba.
Poco antes de la administración calderonista, García Luna fungió en el gobierno de Vicente Fox como director de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), donde en agosto de 2006 tres mujeres indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio fueron detenidas y acusadas del secuestro de seis agentes de la institución que dirigía García Luna. Nunca retiró la acusación contra estas tres mujeres inocentes, provocando que Alberta, Jacinta y Teresa se quedaran en prisión. En 2017, la PGR se tuvo que disculpar públicamente con ellas y reconocer su inocencia. Y García Luna, sin cargos.
Recientemente, tras la detención de García Luna Proceso publicó una entrevista con Florence Cassez, quien al enterarse de la detención afirmó: “Sentí algo parecido a un inmenso alivio […] Por fin lo empiezan a desenmascarar... Por fin lo van a juzgar… Por fin va a salir la verdad”. Más allá de la postura de cada quien sobre la liberación de Cassez, hoy no tenemos información certera de cómo el ex secretario fabricó el caso.
Colaborar con Estados Unidos es indispensable, pero el gobierno mexicano también debe atender los procesos de demanda de verdad, lo que incluye dar respuestas sobre la responsabilidad de García Luna en la crisis de derechos humanos.
@maiteazuela
