A casi cinco años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la liberación de uno de los principales señalados como responsables del caso, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, suma elementos para desmantelar la llamada verdad histórica que el anterior gobierno quiso vendernos para dar carpetazo a un caso construido con falsos testimonios, tortura, detenciones arbitrarias y nula voluntad institucional.
No es menor el reto que representa para este gobierno aniquilar cualquier residuo de manipulación del caso engendrado por la entonces PGR una vez que aquel entuerto judicial amalgamado por violaciones a derechos humanos está produciendo mayor impunidad. Lo que dijo en la conferencia mañanera el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas —hasta la fecha se han liberado 53 de los 142 detenidos originalmente— revela que el gobierno de Enrique Peña Nieto había dado un número de detenidos mayor, el cual no correspondía con la realidad.
A partir de la liberación de El Gil pueden desencadenarse más liberaciones similares por el mismo caso, es decir, que sean absueltos otros posibles responsables por insuficiencia probatoria. “Hasta 53 detenidos más podrían liberarse”, según las declaraciones de Encinas.
En este asunto es indispensable atender las reacciones del Centro Prodh, que reconoce que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “ha dado pasos hacia el esclarecimiento pleno del paradero de los estudiantes”. Sin embargo, alertan que “la actual Fiscalía General de la República (FGR) no ha tomado ninguna medida para corregir las deficiencias de dichas acusaciones, por lo que podrían también ser absueltos en breve más acusados que presumiblemente cuentan con información sobre el paradero de los estudiantes”. Para Encinas resulta indignante la liberación de El Gil, al grado de que ha anunciado que extenderán las investigaciones a los funcionarios que generaron la verdad histórica y pidió más apoyo para el fiscal del caso.
Hay que reconocer el acierto del subsecretario al reconocer la mentira histórica y su honestidad para declarar sin titubeos, que la anterior PGR cometió violaciones flagrantes a los derechos humanos. No obstante, el énfasis depositado en la sentencia del juez debió estar quizá colocado en la ineficiencia de la procuraduría y la posible negligencia de la actual fiscalía para dar seguimiento al caso. Una vez que ha señalado con honrosa asertividad del tema de la tortura como un denominador común de las declaraciones de los inculpados, compromete a la fiscalía para no reproducir las mismas prácticas.
El llamado del Centro Prodh ha sido contundente: es indispensable que se actúe con más firmeza y prontitud, con mayor coordinación y con más respaldo de todas las instituciones a la labor de la Comisión Presidencial para la Justicia y la Verdad.
La mentira histórica se derretirá en tanto las pruebas con las que le dieron vida, vayan siendo desechadas. Esto no necesariamente gesta en automático una verdad auténtica. El desafío implica un muy fino equilibrio entre la innovación de hipótesis que den verdadera luz de lo sucedido y la reconstrucción de hechos en la que posibles responsables, que ya han sido juzgados y liberados por este caso, no queden blindados por juicios impunes e ineficiencia institucional.
@maiteazuela
