Ha sido una mala semana para los gobiernos que se asumen de izquierda en la región. El martes la justicia argentina condenó a seis años de prisión —que no pisará— e inhabilitación de por vida a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El miércoles, el ahora ex presidente peruano Pedro Castillo fue destituido por el Congreso por intentar disolver ilegalmente ese poder del Estado e instaurar “un gobierno de emergencia excepcional”.
Cristina Fernández es la persona con más poder político del país desde al menos 15 años: fue presidenta durante ocho y nombró al más reciente presidente, Alberto Fernández. Pero, para defenderse de una acusación de corrupción que los jueces comprobaron como cierta —además de que no ha podido explicar públicamente de dónde obtuvo esos millones de dólares—, acusó a la oposición, “los poderosos” y a los jueces de crear “un Estado paralelo” para perseguirla política y judicialmente.
Castillo, después de cometer un intento absurdo de golpe de Estado, sin ningún apoyo y con las consecuencias obvias, señaló mediante su abogado que está frente a “una persecución infundada de los órganos de justicia”. En los menos de 17 meses que duró su gobierno hizo más de 60 cambios en su gabinete, nunca tuvo un rumbo y siempre acusó a “la oligarquía” de no dejarlo gobernar.
Por supuesto que en nuestros países —como en el resto del mundo— existe una oligarquía reacia a abandonar sus privilegios, jueces corruptos y oposiciones a los gobiernos —de izquierda o derecha—que los atacan de formas más o menos limpias. Pero ante hechos tan claros como los de estos dos casos, que la única respuesta y salida sea acusar una persecución de estos poderes es querer tapar el sol con un dedo.
No solo fueron los implicados quienes insistieron en ese discurso. El líder boliviano Evo Morales, quien sufrió un golpe de Estado después de intentarse reelegir de forma anticonstitucional por cuarta ocasión consecutiva, tuiteó ante el caso de Castillo: “Comprobamos una vez más que la oligarquía peruana y el imperio estadounidense no aceptan que líderes sindicales e indígenas lleguen al gobierno para trabajar por el pueblo”.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, aunque con mayor mesura, tuiteó: “Pedro Castillo, por ser profesor de la sierra y presidente de elección popular, fue arrinconado desde el primer día”.
Desde México, el presidente López Obrador dijo sobre la condena a Fernández: “No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo”. Y con Castillo fue peor, pues incluso intentó darle asilo a un político acusado de sedición y rebelión, al que su gabinete, sus legisladores y los líderes de su partido decidieron no apoyar en su lance ilegal.
Para seguir manteniendo el poder, los gobernantes que se asumen de izquierda necesitan tomar responsabilidad de sus actos, aceptar sus errores y modificar lo que hacen mal: hacer una autocrítica y mejorar. No solo en su propio favor, de su partido o de la ideología en la región, sino por el bien de la gente a la que gobiernan. Intentar tapar sus fallos o los de sus colegas asegurando que todo es culpa de la oligarquía y los poderosos, no los llevará —ni a nosotros— a ningún buen sitio.
Mael Vallejo
@maelvallejo
