El pasado mes de abril el presidente Peña Nieto se alineó a la tendencia mundial, al promover en el Congreso y en los foros internacionales, incluida la ONU, la legalización de la mariguana para fines terapéuticos. Desde luego, el aplauso de la prensa internacional y de los grupos de interés en México han entendido este cambio de política pública como un avance que no ignora la enorme oportunidad de negocio detrás de la comercialización de la "hierva".
Para nadie es novedad que nuestros vecinos del Norte ocupan el honroso primer lugar entre los países consumidores y por su cercanía resultan los clientes más rentables y fieles que México podría tener. De hecho, el monto del comercio anual se calcula en poco más de 14 mil millones de dólares tan sólo en California. Es una realidad que entre los norteamericanos, la adicción va en aumento, sea por motivos terapéuticos o como se pretenda explicar.
En la historia económica de México han existido hasta hoy ciertas actividades que políticamente se han considerado estratégicas y por tanto el Estado se ha entendido como el único prestatario; tal es el caso de PEMEX y de la CFE. Sin embargo, en fechas muy recientes han tenido que modificar su discurso monopólico y abrirse a la competencia y a las opciones que la globalización y las aperturas comerciales imponen.
La posibilidad de hacer grandes negocios con Estados Unidos como cliente principal de la mariguana nacional exige una legislación clara, que entre a desarrollar el escabroso asunto de la producción y venta sin ambigüedades. Los senadores que se presentan a la opinión pública como sensibles a los riesgos sociales de esta apertura, pretenden que bajo la figura del monopolio que el Estado ejerza sobre esas actividades comerciales se generarán empleos y se mitigará o controlará el riesgo de expandir entre la población mexicana el consumo interno.
La prudencia, que es virtud obligada en el ejercicio de las funciones de gobierno, recomienda tomar distancia respecto de las decisiones trascendentes, aquellas de gran impacto social, de manera que sea posible distinguir con claridad entre una oportunidad de negocio real y otra aparente, que ignora u oculta valores sociales, al tiempo que deslumbra con imaginarias cantidades millonarias que puede aportar el monopolio.
