Con gran montaje y lucimiento de escenografía, a finales del mes de junio fue anunciada la promulgación de la Ley de zonas económicas especiales. Tal como se señaló, esta pretendida nueva ley se propone favorecer el desarrollo económico de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.
Sin embargo, ocurre que precisamente en esas entidades es donde el malestar social se ha expresado con gran fuerza, haciendo evidentes los signos de violencia, inseguridad y pobreza, incompatibles con las condiciones mínimas para invertir y trabajar.
En México, desde la perspectiva gubernamental, al parecer no se termina de entender que la terca y dura realidad no es susceptible de ser modificada a golpes de legislación. Las condiciones de vida de millones de mexicanos no se transforman mágicamente por el ejercicio del poder de aquellos que montan escenarios para presentar a la sociedad una idea o buena intención, que en este caso concreto, no tiene nada de nueva.
Más allá del espectacular anuncio, la Ley de zonas económicas especiales en realidad es inoportuna e inapropiada, porque precisamente los referidos estados beneficiados son: Michoacán, Guerrero y Oaxaca donde de manera particular, muy a menudo se registran graves confrontaciones y actos de violencia, cuya trascendencia supera con mucho el ámbito nacional, haciendo evidente que la estabilidad, el respeto a la ley, el orden y la paz como condiciones mínimas para invertir, en realidad no se dan. En consecuencia, por muy atractivos que puedan ser los estímulos laborales o fiscales que se ofrecen, lo cierto es que esas zonas económicas especiales carecen de la imprescindible seguridad jurídica, orden y paz, y en esas condiciones, los potenciales inversionistas perciben la confianza —indispensable en el presente y en el futuro— como expresión de ingenuidad y no de viabilidad.
Bien mirado, el problema de México no es, ni principalmente, solo económico. Allí donde falta la seguridad jurídica, el respeto liso y llano por la ley, la certeza de su aplicación justa; en realidad también falta todo lo demás. La esencia misma del pacto social como razón de ser del Estado es gravemente cuestionado cuando la impunidad y la discrecionalidad, como expresiones de corrupción, se vuelven tan frecuentes y evidentes.
