La contundencia del triunfo morenista el pasado 2 de junio cambió los paradigmas del quehacer político en el país.
Por ejemplo, Claudia Sheinbaum ganó a Xóchitl Gálvez la clase media alta, media y baja.
Es decir, también arrasó en espacios sociales donde es factible suponer, por ingreso y escolaridad, una ciudadanía más y mejor informada que podría haber votado de manera distinta. Pero no fue el caso.
Esta premisa, como punto de partida, es crucial: México es un país cuya madurez cívico-ciudadana entre las clases medias está todavía en pañales.
Su ciudadanización, en el sentido estricto de la palabra, inicia apenas en 2000 con la alternancia electoral y el arribo de Fox a la presidencia.
Sin embargo, esta quedó trunca, porque el INE falló en impulsar la transición democrática desde 2000, en un sentido integral, para unificar:
la democracia electoral con la política; vinculada a la participación cívico comunitaria del mexicano.
Justo es decirlo, a lo largo de los años, la partidocracia y el INE ayudaron a castrar esa posibilidad.
La farsa de “las candidaturas independientes de corte ciudadano” es un ejemplo.
Por ello, mientras la política -percibida como democracia electoral- fue rehén de 2000 a 2024 de los partidos políticos y del INE; la democracia política fue dejada en manos de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que impulsaron agendas de medioambiente, transparencia, rendición de cuentas, movilidad sustentable, género, participación ciudadana, etcétera., en las 32 entidades del país.
Logros indiscutibles de este cúmulo de inteligencia colectiva ciudadana, a nivel federal, fueron la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción (2014) y las reformas a las leyes pertinentes para blindar su creación (2015-2016.
Sin descontar, el apoyo significativo que obtuvieron de su parte varios de los organismos públicos autónomos, hoy próximos a desaparecer.
(Continuará).
