En días pasados se viralizó el caso de un joven que, tras múltiples intentos por conseguir empleo, notó un patrón inquietante: logra pasar los filtros iniciales de selección, pero siempre queda fuera en la entrevista. Al compartir su experiencia en redes sociales recibió una respuesta predominante: el problema no estaría en sus capacidades, sino en su imagen; debido a su cabello teñido y ropa colorida, su estética fue calificada como “demasiado llamativa” para el mundo laboral.
Los comentarios que circularon se leyeron preocupantes: “busca trabajo en el circo”, “en el trabajo no vas a exhibirte”. No son simples bromas, son expresiones de violencia simbólica que ridiculizan la diferencia para reafirmar una norma implícita sobre qué cuerpos y apariencia son aceptados en el espacio productivo. Éstas ideas son peligrosas porque hacen que la discriminación parezca algo normal y aceptable. En lugar de cuestionar un sistema que excluye, colocan la carga en las personas, como si no conseguir trabajo fuera una falla individual y no el resultado de reglas injustas.
Más allá del morbo digital, el ejemplo abre una conversación urgente: cómo la imagen corporal y estética funciona como un mecanismo de exclusión en el mercado de trabajo.
Desde un enfoque de derechos humanos, el problema es aún más claro. El derecho al trabajo, reconocido en la Constitución mexicana, no se limita a postularse a un empleo; implica condiciones equitativas, dignas y no discriminatorias de acceso.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es explícita: prohíbe cualquier distinción que anule o menoscabe derechos con base en características personales que no afectan el desempeño laboral. La apariencia física está señalada como uno de esos motivos. Sin embargo, en la práctica, la exigencia de “buena imagen” sigue funcionando como un eufemismo aceptado para discriminar.
