Una sociedad no se construye sólo desde las grandes instituciones, sino en los espacios donde las personas se encuentran, comparten problemas y terminan reconociéndose. Está hecha, sobre todo, de vínculos.
Una plaza, una escuela, un mercado o una tienda son más que infraestructura, son lugares donde la comunidad conversa, se reconoce y eventualmente se organiza. Esa familiaridad genera capital social, una capacidad colectiva que se fortalece cuando la conversación se lleva a la acción.
El barrio es la escala más cercana de esa convivencia. La historia urbana ofrece múltiples ejemplos en los que los vecinos dialogaban sobre sus necesidades y muchas veces actuaban al respecto. No todo dependía de la autoridad. La gestión pública era indispensable, pero no sustituía la responsabilidad activa de los habitantes.
Hoy esa capacidad se ha debilitado. El crecimiento de las ciudades, las distancias, la dependencia del automóvil, la inseguridad, la pérdida del comercio de proximidad y la falta de tiempo para convivir han provocado que conozcamos menos a quienes viven al lado. La ciudad se hizo más grande mientras la vecindad se hizo más pequeña.
No se trata de idealizar el barrio del pasado, que también podía albergar dinámicas de exclusión, desigualdad o resistencia al cambio, ni de sustituir al Gobierno por la comunidad. Se trata de recuperar la capacidad de conocernos, cuidar lo común y resolver juntos aquello que podemos solucionar colectivamente, en articulación con la autoridad.
Hay experiencias que muestran cómo convertir esto en política urbana. En Indonesia, el Programa Nacional de Empoderamiento Comunitario permitió a las comunidades priorizar y administrar recursos para caminos, agua y saneamiento local. El Programa Global de Espacio Público de ONU-Hábitat apoyó entre 2012 y 2022 un total de 144 intervenciones en 100 ciudades, desde Ciudad Juárez hasta Nairobi y El Cairo, con más de 30 mil personas participando en procesos de codiseño. En Bolonia, la Piazza Scaravilli pasó de ser un estacionamiento universitario a un jardín urbano diseñado por estudiantes y vecinos. En Medellín, las Unidades de Vida Articulada transformaron 14 tanques de agua antes cercados en parques para el deporte y la cultura.
En Monterrey ya tenemos un punto de partida con el Presupuesto Participativo. Es un esquema donde la comunidad propone proyectos, se valida su factibilidad y se vota con dinero público para su realización. En su edición 2025 recibió 155 propuestas; 97 pasaron a votación y se eligieron 30 obras con más de 15 mil votos y una inversión de casi 85 millones de pesos para parques, canchas y espacios de convivencia. Es la demostración de que cuando la gente decide, el barrio revive.
Ninguna de estas experiencias es una receta automática. Cada comunidad tiene necesidades y conflictos distintos. Pero todas comparten lecciones valiosas como escuchar antes de intervenir, trabajar con actores locales, aprovechar el conocimiento académico, combinar la mejora física con la organización social y evaluar después de la obra.
Aquí radica una gran oportunidad para nuestras ciudades. No sólo en la generación de proyectos que beneficien el desarrollo urbano, sino en promover entornos de convivencia y de paz.
Las universidades pueden ser puente entre conocimiento y comunidad. Pueden observar el territorio, generar información, convocar actores y facilitar acuerdos. El Lab Ciudad de la U-ERRE hace precisamente eso en el Distrito Purísima Alameda, articulando academia, proyectos, vecinas y vecinos para transformar el espacio público desde el barrio.
Un barrio que mantiene limpia una plaza no sólo mejora un espacio físico, aprende a cuidar lo común. Un barrio que organiza una actividad cultural no sólo hace un evento, construye lazos. Un barrio que aprende a dialogar con su autoridad y a participar en las soluciones está construyendo ciudadanía.
Hoy más que nunca necesitamos volver a hacer barrio.
