Esta historia la he contado antes, pero hay casos que no se pueden archivar. Hace 13 años, en diciembre de 2012, recibí el Premio Jalisco de Periodismo en la modalidad de reportaje en televisión. El tema era un desaparecido: José Luis Arana Aguilar, visto por última vez en Tonalá en 2011. Este enero próximo se cumplirán 15 años de su ausencia. Quince años sin respuestas. Quince años sin justicia.
Su madre se convirtió en madre buscadora cuando ese término aún no era cotidiano. Hoy, en Jalisco, ser madre buscadora es casi una condena colectiva. La desaparición de personas dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una de las principales atrocidades del estado. No es un error administrativo ni una falla temporal: es una práctica sostenida bajo la sombra de la impunidad.
Este diciembre, nuevamente en el Telediario nocturno y en El Pulso, reapareció la cifra que debería estremecer a cualquier autoridad: más de 16 mil personas desaparecidas en Jalisco. Junto con Tamaulipas y el Estado de México encabezamos una tragedia nacional. A ello se suma otro dato escalofriante: más de 500 fosas con restos humanos localizadas solo en Zapopan. No son números; son cuerpos, historias, familias rotas.
Todo esto permite decir sin rodeos una verdad incómoda: de todas las sedes del Mundial 2026, Guadalajara, su zona metropolitana y Jalisco son hoy la más peligrosa. Menciono el Mundial no como espectáculo, sino como fecha límite moral, para saber si antes de que llegue el balón llegará también la justicia.
El presupuesto reciente destinó más recursos al tema de los desaparecidos. Bien. Pero este problema no se resuelve solo con dinero. Se resuelve con investigaciones reales, detenciones y castigos. Y ahí está el núcleo del fracaso: en Jalisco, quienes desaparecen personas y quienes excavan fosas no son detenidos. Aquí, el que la hace no la paga.
Mientras se sigan maquillando cifras y discutiendo si Jalisco ocupa el primer, segundo o tercer lugar en desapariciones, lo esencial seguirá intacto: la impunidad. Aparecen más nombres, más ausencias y más fosas, pero no aparecen responsables. No es un problema de premios, presupuesto ni de diagnósticos, es un problema de consecuencias. Aquí no gobierna la ley: gobierna la impunidad.
