La libertad de expresar lo que pensamos, queremos y sentimos está estrechamente vinculada con la democracia como una representación del pluralismo y una vía de reflexión pública. La misma libertad de expresión se encuentra delimitada por las conductas que puedan acompañar la forma en que nos comunicamos.
Como regla general, puede afirmarse que cualquiera que sea la forma, contenido o medio en que nos expresemos tendrá protección jurídica. Pero las restricciones a esta regla general se manifiestan cuando las expresiones de una persona incitan a otra para realizar determinada conducta. A inicios de este año vimos un ejemplo muy claro que sirve para retratar con fidelidad este tipo de límites a los que hago referencia.
En el marco de las elecciones estadounidenses que culminaron con la victoria del ahora presidente Biden, fuimos testigos de momentos de incertidumbre que pusieron en vilo a una de las democracias más viejas del mundo.
Gracias al alcance mediático que tenía y en un intento de desconocer los resultados electorales que no le favorecían, el entonces presidente Trump hizo uso de sus redes sociales para lanzar una serie de mensajes que incitaron a la violencia en ese país. Fue así como se tomó una decisión sin precedentes. Para atemperar los ánimos, las redes sociales más utilizadas por la población tomaron la determinación de bloquear las cuentas del entonces presidente para evitar una escalada de violencia.
Es decir, se limitó el derecho a manifestar las ideas porque estas incitaban un riesgo mayor que vulneraría los derechos de terceros. Entonces se puso sobre la agenda si esa decisión había sido la correcta. Y en estos días, más allá del debate, hemos visto que ya han surgido algunas propuestas como respuesta a ese acontecimiento, con el argumento de evitar la censura y la libertad de expresión.
En México, se presentó en el Senado de la República una iniciativa que busca reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para regular las redes sociales que tienen presencia a nivel nacional. Con esta iniciativa, como está planteada, se otorgaría la facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder decidir a qué redes sociales se puede acceder en México, el contenido que se puede publicar en ellas y cuándo un usuario puede ser suspendido de lugares como Facebook, Twitter o Instagram.
Es decir, más allá del argumento que afirma buscar la defensa de las y los usuarios de las redes, parecería que se busca poner obstáculos o medidas de censura contra ellos.
En un entorno cada vez más globalizado e interconectado, esta propuesta supondría una afrenta a nuestra libertad de expresión que se vería vulnerada y podría derivar en actos de censura. Esto, por supuesto, no le beneficia en nada a una sociedad democrática como la nuestra. Y no solo eso, recordemos que nuestro país firmó un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que se vería vulnerado pues en él se protege a los proveedores de servicios informáticos.
Luego entonces, esta iniciativa no solo vulneraría los derechos humanos de las y los mexicanos, sino que escalaría en temas comerciales ante instancias internacionales.
Habrá de cumplirse el tiempo legislativo para escuchar a todas las voces hablar sobre esta propuesta. Pero hemos de recordar que el ejercicio de la libertad de expresión debe tener como fin el enriquecer la conversación pública y fortalecer la participación ciudadana, no censurarla.
Twitter: @jmvalerapiedras
