El problema es real: las rentas en distintas zonas de Ciudad de México, especialmente en colonias como Condesa y Roma, se han disparado en los últimos años. Pero la solución de controlar las rentas que propone el gobierno, en lugar de ayudar, agrava la situación.
Las causas del aumento en las rentas son múltiples, pero quizá la más evidente es la gentrificación. Hace unas semanas escribí en este espacio que, aunque incómoda y dolorosa para algunos, la gentrificación es un fenómeno global, inevitable y que, en términos generales, genera más ganadores que perdedores. La plusvalía que viene con el aumento en el valor de los inmuebles (¿a quién no le gusta ver que su propiedad vale más?), así como el dinamismo económico que atrae, suele superar sus costos. Esto no significa, por supuesto, que debamos ignorar a quienes salen perdiendo.
El problema es que la respuesta del gobierno capitalino empeora la situación que busca resolver. Ante las protestas contra la gentrificación, la jefa de Gobierno anunció un plan que incluye el control de rentas (considerando incluso una “ley de rentas justas”). Puede que la intención sea buena y que en términos políticos sea un mensaje taquillero, pero desde el punto de vista económico y urbano es una pésima idea.
Congelar rentas no resuelve la falta de vivienda accesible. De hecho, suele hacer justo lo contrario. La experiencia internacional y la opinión de economistas de todas las corrientes ideológicas lo confirman. Argentina aprobó una ley en 2020 en este sentido y el resultado fue que muchos propietarios prefirieron vender sus unidades o simplemente dejaron de darles mantenimiento. La oferta se redujo y el problema se agravó. Tan pronto se derogó la ley, aumentó la oferta y disminuyeron los precios.
Hay una contradicción de fondo en querer aumentar la oferta de vivienda limitando la renta que pueden cobrar los arrendadores. Va contra la lógica más básica de la economía: si los incentivos para construir, remodelar o rentar se reducen, la oferta también se reducirá. Y si hay menos departamentos disponibles, los precios en el mercado no regulado seguirán subiendo. El mercado regulado, por su parte, se convierte en tierra fértil para prebendas, distorsiones e ineficiencias.
No cabe duda de que el tono del debate en torno a la gentrificación es preocupante. Una reciente encuesta reveló que apenas 43% de los capitalinos tiene una opinión positiva sobre los extranjeros que viven en la ciudad. Casi la misma proporción considera que aportan más cosas malas que buenas. Esta narrativa tóxica ya se ha manifestado en protestas violentas con tintes xenofóbicos.
Pero la solución a la crisis de vivienda no es limitarla, sino promoverla. Hay que facilitar la construcción de nuevos desarrollos, agilizar trámites, promover la redensificación razonable y fomentar inversiones en vivienda. Solo así se puede aumentar la oferta de manera sostenida y atender la legítima demanda de quienes hoy se sienten excluidos.
