¿Qué esperaba el gobierno? ¿Qué iba a recaudar más impuestos de las aseguradoras sin sufrir consecuencias? Los costos empiezan a ser visibles y no son menores.
Durante años el SAT buscó cobrar un mayor IVA a las empresas de seguros que operan en el país. Su argumento fue que no debían acreditar el IVA que pagan a sus clientes en los reembolsos por siniestros. Lo más delicado no fue el cambio de criterio, sino la intención de aplicarlo de manera retroactiva. El SAT calculó un adeudo por la friolera de 180 mil millones de pesos correspondientes a los últimos cinco años, una cantidad que habría puesto en riesgo la viabilidad financiera de muchas aseguradoras.
Como era de esperarse, las empresas rechazaron este criterio de la autoridad fiscal y recurrieron a los tribunales. En octubre pasado, en medio de múltiples litigios, ambas partes llegaron a un acuerdo: del total reclamado, las aseguradoras pagarían solo lo correspondiente a 2025, alrededor de 20 mil millones de pesos. A cambio, aceptaron retirar sus demandas y respetar el criterio del SAT para los años siguientes.
Puede que el gobierno celebre este desenlace, pero su alegría puede ser pasajera ante los efectos negativos de su aparente triunfo. Perder la capacidad de deducir el IVA generará costos significativos para las aseguradoras, como fue evidente por el monto que se tendrá que pagar por el ejercicio 2025. ¿Y cómo absorberán estos mayores costos? La respuesta es sencilla: trasladándolos a sus clientes mediante primas más caras. Analistas del sector estiman aumentos de hasta 20% en 2026.
Esto es preocupante en un país en el que la penetración de seguros es baja: solo una quinta parte de la de EU y por debajo del promedio latinoamericano. Hoy apenas uno de cada cinco mexicanos cuenta con un seguro para protegerlo de una enfermedad o un accidente. Al intentar recaudar más el gobierno terminará desincentivando la adopción de seguros, debilitando así la capacidad de las familias de protegerse ante diversos riesgos.
Además esta no es la única controversia. Varias empresas maquiladoras enfrentan intentos del SAT de cobrar un “doble IVA”. El caso más extremo es el de Samsung, a quien le reclama un adeudo cercano a 10 mil millones de pesos. Si llega a suceder, podemos esperar una reacción negativa entre los inversionistas extranjeros.
Esto no significa que el gobierno no deba cobrar lo que se le debe. Recaudar más es legítimo y necesario. Pero las reglas deben ser claras y no aplicarse criterios retroactivos agresivos que generan más problemas de los que resuelven. En su afán recaudatorio, el SAT puede estar abusando y omitiendo el daño colateral que afectará a familias, empresas e inversionistas.
El gobierno puede haber ganado la batalla legal con las aseguradoras. Pero si ese triunfo se traduce en primas más altas, menor protección ante riesgos y desconfianza inversionista (como todo parece indicar), queda claro quién terminará pagando la factura.
