Lo ideal, por supuesto, sería que el cambio ocurriera por convicción: que Claudia Sheinbaum decida hacer ajustes de fondo a la estrategia heredada de su antecesor porque reconoce que son necesarios para enfrentar los profundos desafíos del país. Pero si ese giro no se da por voluntad propia, todo apunta a que factores externos terminarán por imponerlo.
La situación de México es complicada: la economía no crece, la inversión privada está deprimida, el estado de derecho es poco confiable y la corrupción es un problema extendido. El camino más sensato es reconocer que se requieren cambios estructurales y actuar por la buena.
Eso implica aceptar realidades incómodas para la ortodoxia de la 4T: que la inversión es indispensable para crecer y que el Estado no puede, ni debe, financiar por sí solo sectores estratégicos como el energético; que el combate a la corrupción, incluido el huachicol, y al crimen organizado debe ser más firme, y que la productividad y las empresas no son un adversario político, sino un componente esencial del desarrollo económico.
Hay señales de que el gobierno comienza a moverse en esa dirección. Se observa un mayor acercamiento con el sector empresarial, cierta flexibilización en el energético y un incremento en decomisos de drogas y golpes a los cárteles.
Son avances positivos, pero insuficientes. Para sostener y ampliar su política social (el corazón del proyecto de la 4T), el gobierno necesita detonar el crecimiento económico. El margen fiscal es cada vez más reducido y, sin una economía más dinámica, las cuentas no van a cuadrar. Si Sheinbaum no actúa con mayor determinación por convicción, entonces serán fuerzas externas las que empujen el cambio. En otras palabras, si no es por la buena, será por la mala.
Trump ya presiona en varios frentes. Exige mayor apertura del sector eléctrico, respeto al estado de derecho y resultados más contundentes en el combate al narcotráfico y la corrupción. Su retórica no está hueca. La dependencia de la economía mexicana respecto a la estadunidense le da amplio margen de maniobra para castigar a México. A ello se suma una palanca clave: la próxima revisión del T-MEC.
Por otro lado, los mercados financieros también pueden influir en la estrategia del gobierno. Si se opta por financiar un mayor gasto social con deuda, sin una estrategia clara de crecimiento e inversión, la reacción puede ser severa: empezando por una reducción en la calificación crediticia, seguido de mayores tasas de interés. Hoy el riesgo parece contenido, pero las cosas pueden cambiar repentinamente.
Al final, Sheinbaum tendrá que elegir. Puede optar por la buena: un ajuste gradual, ordenado y encabezado por su gobierno, que combine política social con crecimiento, inversión y legalidad. O puede resistirse y permitir que ese ajuste sea impuesto desde fuera, de forma más abrupta, más costosa y con menor control. El rumbo tiene que cambiar. La pregunta es quién lo conducirá.
