En las últimas semanas ha crecido la ansiedad por la supuesta intención del gobierno de apropiarse de los recursos que los trabajadores tienen en las afores. El origen de los rumores es la recién aprobada Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, la cual permite incluir proyectos públicos (energía, trenes, carreteras, salud y agua) dentro del marco regulatorio que ya autoriza a las afores a invertir hasta 30 por ciento de sus activos en instrumentos estructurados.
Los más alarmistas afirman que el gobierno les quiere quitar ese 30 por ciento a los trabajadores. Otros sostienen que obligará a las afores a invertir en proyectos oficiales. Ninguna de las dos afirmaciones es correcta.
No hay expropiación. Los recursos en las afores son propiedad de los trabajadores y seguirán siéndolo. Tampoco existe una obligación para que los administradores inviertan en proyectos del gobierno. Lo que hace la ley es ampliar el menú de opciones dentro de un espacio que ya existía. Permite que, dentro del porcentaje destinado a instrumentos estructurados, se consideren proyectos de infraestructura pública, incluso en coinversión con privados. La decisión, en todos los casos, sigue siendo del administrador.
La preocupación, entonces, está mal enfocada. El riesgo real no es que el gobierno quite el dinero, sino que los administradores se pongan el sombrero patriótico. Que inviertan en proyectos porque “le convienen al país”, porque son socialmente deseables o porque responden a prioridades gubernamentales. Esa tentación existe. Y es peligrosa.
Las afores no están para impulsar el desarrollo nacional ni para cumplir objetivos sociales o ambientales. Su mandato es mucho más simple: maximizar el rendimiento del ahorro de los trabajadores para mejorar su retiro. Punto.
Por supuesto que puede existir un espacio común. México necesita infraestructura, y es muy probable que algunos proyectos públicos sean financieramente atractivos. Si, bajo un análisis riguroso de riesgo y rendimiento, una inversión como estas hace sentido, adelante. Pero ese debe de ser el único criterio. No el impacto social, ni la conveniencia política, ni el nacionalismo.
Puede sonar insensible, pero las afores no se crearon para generar un retorno social. Se crearon para generar un retorno financiero. Cuando se mezclan objetivos, el rendimiento se diluye y los trabajadores pierden. ¿Vale la pena invertir en un proyecto que promete detonar el desarrollo del sur, pero que ofrece rendimientos bajos para su nivel de riesgo? Tal vez sí, pero con dinero del gobierno, no con el ahorro de los trabajadores.
En ese sentido, me parece que el mensaje del secretario de Hacienda no ayuda cuando habla de impulsar proyectos atractivos tanto en lo económico como en lo social para que las afores inviertan en ellos. Lo social es responsabilidad del Estado. El ahorro para el retiro, no. Confundirlos es abrir la puerta a malas decisiones. Y esas, al final, las pagan los trabajadores.
