Uno de los delitos que se cometen con la mayor impunidad porque muchas veces cuentan con la colaboración de las autoridades municipales, estatales e incluso federales, es la extorsión. Consiste en amenazar a las personas para obligarlas entregar algún beneficio, un bien o dinero, y someterse a esa forma de dominación abusiva, a sabiendas que los perpetradores no van a ser detenidos. Incluso cometen violaciones al darse cuenta de la impotencia de esa gente en algunas partes del país; asesinan o destruyen sus bienes o negocios a los que se oponen.
Por ello la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que enviará al Congreso de la Unión una ley general contra la extorsión, para que en los 32 estados de la República se persiga el delito de manera homologada.
Nuestra presidenta a manifestado que la extorsión es el mayor reto de su administración en materia de seguridad, porque es el delito que ha sido refractario a los avances en seguridad. Mientras el feminicidio, el robo con violencia y el secuestro han disminuido, la extorsión aumentó 28% sólo en el primer semestre, y en el mismo periodo de este año la extorsión está catalogada entre los delitos de más alto impacto.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ha anunciado la apertura de una línea de denuncias anónimas, el 089, y el despliegue de grupos de inteligencia y especializados en la zona del delito. Hay gran confianza en Omar García, pues es un hombre de resultados, y ha indicado que en ocho estados se concentra 66% de las extorsiones a nivel nacional, a saber: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. En esas entidades los cárteles más poderosos son el Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el del Noreste, el del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana.
A nivel nacional se enlazará también la unidad de inteligencia financiera y la agencia contra el blanqueo de activos para que se congelen las cuentas bancarias de los extorsionadores.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado que esta reforma permitirá establecer que el estado mexicano es la víctima de la extorsión y no de manera individual las personas, y que ya no descanse en la víctima la denuncia porque eso pone en riesgo su vida y sus bienes, que ese peso lo asumirá el estado mexicano pues este delito se perseguirá de oficio.
