Los ataques contra el Ejecutivo federal son una especie de golpe de estado judicial, cuya estrategia es utilizar al aparato judicial para obstaculizar las obras públicas, como es el caso del tren maya, golpismo que parece intensificarse y que proviene de asociaciones civiles que enderezan cientos de demandas como estrategia para encubrir a los verdaderos responsables, como Mexicanos Contra la Corrupción, IMCO y Fundación Kaluz, un grupo empresarial dedicado a servicios financieros y otras donde convergen grandes empresarios, sociedades que reciben “donativos” para financiar la guerra sucia mediática y jurídica que persigue demostrar el supuesto fracaso de la cuarta transformación, minimizando las obras de infraestructura y enderezar litigios a fin de retrasar las obras del gobierno.
Estos grupos de presión formados por algunos de los hombres más ricos de México pretenden desplazar al Ejecutivo, suplantando sus facultades desde el ámbito judicial y que se esconden como organizaciones altruistas para encubrir su activismo, que cae en un “golpismo blando”, reconvertido utilizando al poder Judicial como instrumento. Este plan viene desde el comienzo del sexenio y de manera sistemática han ido aumentado la intensidad de sus ataques a medida que se acerca el proceso electoral 2024, pretendiendo incluso influir en la designación del candidato a la presidencia de la República a través de la coalición “Va por México”, en una guerra supuestamente en nombre de la legalidad, atacando las obras que son emblemáticas de la cuarta transformación.
Ahora el presidente ha escalado sus señalamientos contra el aparato judicial diciendo que pretende dar un “golpe de estado técnico”, cuando una vez más un juzgado federal ordenó suspender la tala o desmonte de terrenos para el tren maya y desafiarlo para provocar un posible desacato. Incluso han usado a legisladores de oposición para pedir su destitución y la de otros funcionarios del gobierno. Esto debe investigarse y procederse en consecuencia para castigar a los golpistas.
Ahora el Tribunal Electoral federal pretende reabrir una investigación para revisar las expresiones de los precandidatos de Morena en un mitin realizado en Toluca a mediados del año pasado, amenazando con impedirles su participación política en 2024.
Parece que no solo hay que escalar el discurso, sino también las acciones, porque en política la bondad se confunde con debilidad.
