Dentro de cualquier composición social, la trascendencia del cobro de los impuestos como aportación solidaria en beneficio del conjunto social, es un elemento casi imperceptible por los ciudadanos, que aunado al desequilibrio entre los impuestos y la satisfacción de las necesidades públicas, forman parte de una determinada cultura en la que la práctica de la evasión y la elusión fiscal se conciben como mecanismos “legitimados” para no cumplir con las obligaciones fiscales.
Convirtiéndose entonces la evasión fiscal en uno de los síntomas más evidentes del deterioro de los principios de responsabilidad social que, sumado a la dificultad de recaudación económica, resulta una clara y contundente pérdida del sentido de obligación y pertenencia hacia la comunidad, originando desinterés por los asuntos colectivos.
La evasión tributaria no sólo significa generalmente una pérdida de ingresos fiscales con su efecto consiguiente en la prestación de los servicios públicos, sino que implica una distorsión del sistema Tributario, fracturando la equidad vertical y horizontal de los impuestos.
Existe evasión fiscal cuando una persona infringiendo la ley, deja de pagar todo o una parte de un impuesto al que está obligada, consecuentemente al incumplir de manera intencional con el pago de las contribuciones que le corresponden como contribuyente y ciudadano, se encuadra en la conducta de un delito tipificado como defraudación fiscal, el cual impacta económicamente en las Finanzas Públicas.
Ante tal hecho social, en la Cámara de Senadores se discute ya, una reforma, que busca terminar con prácticas que abonan a incrementar los casos de defraudación fiscal, como el outsourcing y facturaciones fantasmas, buscando que este tipo de conductas sean equiparadas a la delincuencia organizada.
Justificando la necesidad de acabar con ese tipo de economía subterránea, la cual, ha adquirido especial importancia y preocupación, en la pérdida de ingresos que el gobierno deja de percibir por el crecimiento de esas prácticas, ya que por falta de una adecuada reglamentación de las empresas que se dedican a la subcontratación laboral, el gobierno deja de recaudar alrededor de 90% por concepto de impuestos en el IMSS e INFONAVIT.
Sin embargo, el desafío es eliminar los mecanismos ilegales con los que aún operan estas empresas, como ofrecer al empleador la posibilidad de reducir sus costos en perjuicio del empleado.
Por lo tanto de aprobarse dicha propuesta, se estaría no solo apoyando a la clase trabajadora, también se estaría contribuyendo a fortalecer el tejido social, porque, si bien es cierto, la economía de nuestro país no depende de lo que recaude por concepto de impuestos, es un hecho que la Evasión Fiscal afecta las finanzas públicas, y que al disminuir los recursos recaudados, el Estado posee menos dinero para invertir en obras, programas y acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y propicien el desarrollo económico del país.
