Pues vaya apretón que le están dando a la élite que integra la Suprema Corte de Justicia y que aplica en otras instancias en el sector.
La propuesta de Reforma Penal hecha por el Presidente López Obrador, ha cimbrado a propios y extraños.
Pronunciamientos van y vienen, en diferentes tonos y colores, hay posturas críticas a favor y de otras que la rechazan.
La politización del tema tendrá su clímax y vótese en contra o en su aprobación, esa será la realidad, que regularmente se impondrá.
Poca gente en nuestro país sabemos de leyes, pues con excepción de quienes han estudiado y ejercen la carrera de Derecho, la mayoría somos ignorantes del marco jurídico que nos compete. No sabemos ni siquiera el primer artículo de nuestra Constitución.
Perdí la cuenta de cuántas veces he leído y escuchado -hasta el cansancio- que México es un país de leyes, que nadie está por encima de la ley, que ésta no se aplica de acuerdo a la verdad de los hechos punitivos o no punitivos, que para eso están esas leyes, que el artículo o los artículos que norman nuestra convivencia social son inalterables, que la justicia es lenta pero llega, que las leyes se las pasan por el arco del triunfo, que poderoso caballero es don dinero, que la justicia solo aplica para quienes pueden pagar cochupos, que las injusticias las sufren los que no disponen de dinero para negociar su absolución…
Y en verdad no sé si todo este enredo sirva o no de algo.
Lo cierto es que, como se ha informado en repetidas ocasiones, el aparato de procuración de justicia requiere transformarse, reformarse, higienizarlo, depurarlo, quitarle toda esa red de intereses creados a partir de la coexistencia con grupúsculos.
El sistema de procuración de justicia está corrompido hasta mero adentro, la corrupción lo atraviesa en todos sus niveles.
Son miles los casos de gente que han padecido y padecen de ese entramado de leyes que en realidad la justicia legal obedece. (Hay un aproximado de 20 mil personas privadas de su libertad en las cárceles del país).
Además, si bien es en las altas esferas de las instituciones y dependencias del área, el abuso de esa élite federal y estatal da al traste con las leyes, artículos, reformas, adiciones… Lo de los sueldos estratosféricos, y un amplio espectro de beneficios, convierten al sistema de justicia federal y estatales en un lastre, en una pena sufrible para la gente que tuvo y tiene la desgracia de verse envuelta en ese tobogán.
Ahora, la discusión sobre la Reforma Penal que puso en la mesa López Obrador, habrá de discutirse desde ahí, desde la posición de los que están a favor y los que están en contra, con la participación de profesionales, expertos, estudiantes y legisladores, más, obvio, el involucre de medios de comunicación vinculados al sistema y que no dejan de ser parte del llamado Cuatro Poder en la descomposición de la procuración y administración de la justicia.
Ya veremos si hay modificaciones a esa reforma lopezobradorista, o si los resultados del 2 de junio pasado se repiten en el Congreso y Morena batea y aniquila a la oposición.
En México necesitamos una Reforma Penal que dé opciones ante la maraña de leyes y de trámites legaloides. Una reforma que tampoco sirva para lucrar ni se imponga unilateral.
Una Reforma que signifique desarrollo y bienestar, que traiga o acerque a la sociedad a la extinción de los muchos vicios que la cruzan.
Ministros, jueces, ministerios públicos y más, así como fiscales federal y estatales, o se limpian el alma o seguirán, por su narrativa quejumbrosa –y coadyuvantes por su desempeño- en la gran carretera de la arbitrariedad, la injusticia, la inseguridad, la incredulidad pública en el aparatote de instancias habidas y por haber en materia de justicia.
