Qué bueno que el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, repite, repite y presume –ahora más, en la antesala del arranque de las campañas electorales rumbo al congreso local-, que Coahuila es una entidad segura “para vivir”, y que al menos Saltillo, Piedras Negras y Torreón se ubiquen dentro de las seis ciudades más seguras, también, a nivel nacional.
Tales afirmaciones alrededor de la percepción que tiene la gente sobre el tema generan una corriente de opinión, dan confianza.
Con base la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Saltillo es la capital más segura del país, y está en el cuarto lugar en ese índice de percepción ciudadana.
Destaca Piedras Negras (con alcalde de Morena), como el segundo municipio en este apartado, y es el paso fronterizo más seguro de México. La información es interesante.
Y Torreón, nuestro “… querido Torreón”, el Torreón “que siempre puede más”, está ya en el sexto lugar nacional en eso de “mejor percepción de seguridad”.
Con el respeto que merece el INEGI, no sé a quién o entre quiénes aplican sus encuestas, en qué sector social, en qué nivel económico, con qué nivel de escolaridad, ni a qué hora ni cuándo.
A diario, en mis pláticas con mis interlocutores (as), les pregunto cómo están, cómo los trata la vida, qué tal de “chamba”, cómo ven la ciudad, qué les parece el estado de las calles, del alumbrado público… y por ahí otras preguntas más. Sus respuestas son de enojo, sin faltar las iracundas.
Y paso, necesariamente, a que me comenten o respondan qué opinan de la policía municipal, de los oficiales de Vialidad, de los patrullajes con elementos estatales y del ejército o la Guardia Nacional, de la paz con que vivimos en Torreón. Contestan, y son unánimes y contundentes, muestran su inconformidad.
Y, obvio, descalificarían el resultado de lo que dio a conocer el INEGI sobre la ENSU.
De hecho, la misma encuesta anota que un 35 por ciento de los entrevistados de la ciudad confían en el trabajo de la administración municipal.
Por el tema de confidencialidad, sin identificar a quienes me confían sus palabras, su parecer, lo que piensan y externan es sumamente valioso.
No es estar en contra de que en Coahuila y en Torreón las cosas en materia de seguridad sean, de manera oficial, como las enfatizan todos los días y a cada rato el gobernador, el alcalde y cualquier representante del PRI o del PAN y de la IP, y la repetición de comentócratas regionales.
Al contrario, reconozco que, en efecto, soy parte de una población que está ajena a acciones en extremo violentas.
En Torreón no hay los balazos, ya los hubo; no hay colgados, ya los hubo; no hay descuartizados, ya los hubo; no hay degollados, ya los hubo… Que sigan cuidándonos a todos, es su absoluta e ineludible responsabilidad.
Pero, el pero que nunca falta: la venta de drogas y las adicciones crecen a un ritmo acelerado. Ha habido y las sigue habiendo.
Esta semana entrevisté para mi publicación de periodismo universitario “Entretodos”, en vivo, vía Facebook y desde las oficinas del Centro de Integración Juvenil de Torreón, a su directora Cecilia Martínez López. Cuidadosa, diligente, profesional, informó y explicó que el CIJ, con casi 40 años de labores aquí en materia de atención a niños, jóvenes, adultos y personas mayores, del sexo que sean, y que padecen de algún tipo de adicción o padecimiento mental, es un reto.
Como grande el número de jóvenes y adolescentes que ingiere alcohol y fuma, siendo la mariguana la que se mantiene en primer lugar; de las metanfetaminas, dijo, el cristal está inundando la ciudad.
Propone que haya exámenes antidoping en escuelas, como ya lo hacen, de manera silenciosa, en dos universidades privadas.
Una estrategia efectiva para detectar y saber si hay o no un consumo de drogas entre la niñez y la juventud lagunera.
¿La seguridad no pasa por el comercio de drogas ilegales? ¿No saben las autoridades de los puntos de venta, de los grupos que la distribuyen y venden?
¿No toman en cuenta al CIJ para ubicar esos giros negros? ¿Hay un pacto? ¿Acaso está pactada la seguridad que se presume? ¿Hay una delincuencia institucionalizada en las corporaciones policíacas?, como lo plantea un analista social. Éste, asegura que ese pacto es un hecho.
Y llama la atención que, habiendo en el estado un organismo denominado Centro de Operaciones Estratégicas, que se supone se creó para combatir el narcomenudeo y forma parte de la Fiscalía General de Coahuila, su operación no se vea o rebasada.
¿Qué pasa, señores gobernador Manolo Jiménez y alcalde Román Alberto Cepeda González? ¿No se dieron cuenta de que incluso, por el creciente problema de adicciones en la ciudad y en la región lagunera de Coahuila, surgió de parte de la Comunidad Cristiana de México A.C. y de la Federación de Comerciantes y Servicios del Estado de Coahuila, edificar un centro de rehabilitación para atender de manera integral a personas con problemas de consumo?
Como hongos han aparecido centros de rehabilitación, casi por cada clase social adicta.
El problema es grave. Pregunto: ¿Qué pasa señor gobernador y señor alcalde?
