El reto mayor de la seguridad nacional siempre ha sido poder conceptualizarla de manera objetiva. Desde los tiempos de José López Portillo, todos los presidentes le han querido imprimir su sello al tema, reinventándola cada seis años.
Hasta hace poco, a la sociedad no le interesaban de ninguna manera las formas y los modos con que se atendían las necesidades de seguridad nacional en México. Sin ir más lejos, los reclamos en la materia comienzan a partir de hace seis años; sin embargo, pocos ciudadanos se interiorizan con lo que implica la política de seguridad nacional de nuestro país. Pocos saben que existe la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión —de hecho, muchos de sus integrantes no tienen la menor idea de lo que significa—, misma que se encarga de generar leyes en la materia, aunque en la realidad sirva mejor para llamar a comparecer funcionarios del gabinete de seguridad.
El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 (PSN) establece una visión real de las amenazas que tiene nuestro país en materia de seguridad. También ubica cuáles son las que impactan la geopolítica regional, continental y mundial, por ejemplo, las amenazas cibernéticas, delincuencia organizada transnacional; fronteras, mares y flujos migratorios irregulares. También contempla terrorismo y armas de destrucción masiva, biodiversidad como recurso estratégico, seguridad alimentaria y gestión de agua, seguridad energética y por último la gestión de riesgos sanitarios y pandemias ante un escenario global.
Llama la atención que todo lo anterior lo valora el PSN desde la posición de México como una potencia emergente. No hay duda de que lo es; sin embargo, dentro de este PSN, no es claro de dónde se otorgarán los recursos para que efectivamente lo planteado se lleve a cabo, ya que al ser nuestro país una economía que “emerge” para competir y alinearse a las grandes potencias, debe primero “limpiar la casa” con políticas públicas, legislación, arbitrio y, sobre todo, con el inicio de una cultura de seguridad nacional y de fuerzas armadas que se convierta en un orden permanente que solamente pueda ser enriquecido y actualizado por los gobernantes en turno.
Sociedad y gobierno no deben concebir la seguridad nacional como un sector donde las necesidades únicamente sean resueltas por las fuerzas armadas, que si bien es su función principal, todos, absolutamente todos, debemos participar activamente en prevenir situaciones que potencialmente se conviertan en tales amenazas. Para ello, es vital —se insiste— crear cultura de seguridad nacional y de fuerzas armadas.
Hay otros fenómenos de amenaza que solamente quedan en la responsabilidad del gobierno, como son los de seguridad pública —hoy dentro del PSN, se convierten en situaciones de seguridad interior—, donde habrá de reconocerse que sus riesgos dependen del plan de gobierno que los tres niveles no solamente emitan, sino que pongan en acción para mitigar los efectos de éstos. Los ejemplos actuales son Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y Estado de México, donde es necesaria la coordinación de las fuerzas federales para enfrentar y abatir los niveles de violencia e inseguridad que viven estos estados, producto de una falta total de garantías, estrategias y gestión pública. Por supuesto, producto de la corrupción y del financiamiento de los grupos criminales que logran con candidatos impuestos triunfos electorales a nivel municipal y también estatal, y de ahí comienza la impunidad para realizar actividades delictivas libremente.
Llamar a soldados y marinos para que recuperen espacios, una y otra vez, como sucede hoy en Tamaulipas y Guerrero, ya no debería ser la única salida del gobierno para la resolución de conflictos. Estoy convencido de que la nueva escalada de violencia que viven se debe al descabezamiento de los grupos criminales y, por ello, comienzan las luchas entre los propios criminales, pero si ya los habían recuperado, por qué los volvieron a perder.
El día de hoy vence el plazo para que los grupos de autodefensa en Michoacán se desarmen. Hasta ayer el desarme consistió básicamente en el registro de las armas que poseen quienes las integran. Sin duda, esas fuerzas armadas civiles son una amenaza para la seguridad nacional y controlar esa fuerza será el éxito del comisionado Castillo.
¡Será un éxito para el Presidente!
Cabo de Guardia y de Turno
El Colegio de Defensa Nacional y el Centro de Estudios Superiores Navales, que dirigen el general de brigada D.E.M. Guillermo Almazán Bertotto y el vicealmirante de C.G. D.E.M. Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, respectivamente, son las dos únicas instituciones en el país que ofrecen estudios superiores de defensa y seguridad nacional.
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