México vive un virtual estado de guerra. No es una guerra convencional, es una guerra multilateral, un conflicto generalizado. Esa guerra tiene un frente, entre otros, en el ámbito electoral. La mafia del poder es el blanco de López Obrador. Todo su armamento político tiene en la mira a ese grupúsculo al que le responsabiliza de todos los males que, como país y como sociedad, padecemos. La respuesta guerrera de la mafia (PRI, PAN, etcétera) al contraatacar acusa a AMLO de autoritario, populista y cobarde, amén de pretender hacer creer que el futuro de nuestro país es el grotesco escenario en el que vive (la pobre) Venezuela. Personajes circenses en pie de guerra.
Otra guerra la protagonizan los diferentes grupos delincuenciales que pululan a lo largo y ancho del país. La cantidad de muertes en las últimas semanas (en un solo evento 15 en Chihuahua, 20 en Sinaloa, etcétera) dibuja un cuadro dantesco, que se suma a las decenas de miles de abatidos. Se matan entre delincuentes pero las fuerzas del orden, en aras de preservar la seguridad pública, contribuyen a elevar la mortandad. Se confiscan arsenales dignos de un ejército y esta guerra, inaugurada hace 10 años, no tiene para cuando acabar.
Llama la atención la guerra carcelaria. Un síntoma claro de la debilidad de las instituciones, la corrupción desbordada y la ausencia total del estado de derecho. Las cárceles son feudos que han sido subastados por la autoridad a los presos y a los grupos delincuenciales ahí recluidos. Las cárceles son un paraíso para algunos, usualmente coludidos con las autoridades, y un infierno para el resto. El autogobierno carcelario, encabezado por la delincuencia, impone sus reglas a la propia autoridad y someten a aquellos que cohabitan en un escalón inferior. No llama a sorpresa, por tanto, que los que se subleven contra el statu quo penitenciario “paguen con la vida su pecado”. Topo Chico en Monterrey y Tres Cruces en Acapulco, dos casos que dejaron decenas de muertos ante la permisividad y la insolvencia de la autoridad.
La guerra, brutal por cierto, que se asocia con la inseguridad. El Estado de México como el mejor escenario, aunque no es el único, donde tienen lugar, a diario, feminicidios, violaciones y robos, sobre todo en el transporte público. Una guerra de la ciudadanía indignada e indefensa contra un Estado incapaz de poner un orden mínimo al pillaje amparado por la impunidad. Una guerra de los ciudadanos contra una autoridad inoperante y omisa.
La guerra contra la corrupción. Casi todos, excepto los corruptos, están contra este flagelo. Hay un reclamo generalizado para combatir ese cáncer que carcome al país y su viabilidad. Se diseñan instituciones (el SNA), se ensayan mecanismos pero de nada sirven. Con base en sucesos recientes, la “autoridad ha declarado que espiar no es corrupción”. Que mientras no haya un fiscal general, así puede interpretarse, la corrupción tiene permiso de seguir su camino. Por eso la demora en su nombramiento. Otra guerra, de antemano, perdida. Son muchas guerras que se libran en el país. Todas sin resolver. Y todas poniendo en riesgo el futuro del país.
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