La semana pasada hablamos de adiciones y reformas que fueron aprobadas a diferentes leyes sobre seguridad pública. Y aún con la oposición en contra, le alcanzó (y le sobró) al partido mayoritario Morena y sus aliados para aprobar todo este conjunto de nuevas facultades de las autoridades en la materia, en detrimento de la libertad de los ciudadanos.
Cualquier alumno o profesor de derecho tiene clara la ecuación: si hay menos normas jurídicas o regulatorias habrá más libertad para las personas. Y a la inversa: si hay más normas jurídicas que regulan a las y los individuos; habrá más porciones o segmentos de la libertad de estos que están siendo tomados por el poder público. La clave está en el justo medio, dado que nuestras colectividades humanas requieren de orden para el desarrollo social y económico. Y muchas veces, cuando las normas son generales no se preocupa la gente: son para todos. Pero el problema viene cuando se le aplican a alguien de carne y hueso.
Y al respecto me encontré con un interesantísimo artículo de opinión en la “Verdad de Juárez” –una publicación electrónica especializada en periodismo de investigación- que trata de analizar y contextualizar asuntos que se encuentran vigentes en la opinión pública, y pasan (como es esto de la comunicación) a ser opinión publicada.
Miguel A. Ramírez-López escribió el pasado 02 de julio un artículo titulado “La ley Espía: cuando la seguridad se convierte en castigo preventivo” y ya desde el mismo encabezado deja ver una perspectiva fascinante sobre el análisis de estas nuevas facultades depositadas en quienes ejercen el poder.
Y señala: “México ha legislado su paso definitivo hacia una modernidad vigilante. Con la reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, nombrada por sus detractores como Ley Espía, el Estado no sólo se dota de herramientas para combatir la criminalidad, sino que redibuja, sin decirlo, los límites entre el ciudadano y la sospecha. La norma, … otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional un acceso inédito —y potencialmente incontrolable— a bases de datos públicos y privados: registros fiscales, biométricos, telefónicos, bancarios, patrimoniales, históricos y en tiempo real. Se crea una Plataforma Central de Inteligencia. Se establece una CURP biométrica obligatoria. Se legaliza la intervención de comunicaciones con orden judicial. Pero el gesto fundamental es otro: el Estado se reconoce a sí mismo como un operador algorítmico”.
Y esto último, para mí, es un cambio trascendente en las relaciones entre gobierno e individuos. El Estado como ente que opera y funciona a base de algoritmos. En varias ocasiones en Bosque de Luz he tratado aspectos de la información en la web, y cómo en tales procesos nos enfrentamos al sesgo algorítmico. Aquí hablamos de un Estado y un gobierno que se convierten en un gran almacén de datos con el argumento de mejorar la seguridad pública.
Y aquí lo destacado de la opinión de Ramírez-López, quien continúa con su análisis:
“La crítica no puede limitarse a la denuncia moralista sobre la ‘intromisión en la privacidad’, ni reducirse a una disputa partidista entre oficialismo y oposición. Lo que está en juego es más profundo: la transformación del Estado en una máquina de percepción, predicción y control, donde el ciudadano deja de ser sujeto de derechos, para ser objeto de trazabilidad. Es decir, una mutación estructural de la política, de la representación (política) a la administración de datos.”
“Desde esta perspectiva, la filósofa Antoinette Rouvroy y el jurista Thomas Berns han propuesto el concepto de gobernanza algorítmica, para referirse a un régimen político que no actúa sobre las voluntades, ni sobre las leyes, sino sobre los entornos probabilísticos de conducta. El objetivo no es castigar un crimen cometido, sino prevenir desviaciones estadísticamente inusuales. La política se vuelve gestión de riesgos. La ley deja de ser una mediación racional entre conflicto y justicia, para convertirse en una interfaz de captura de información.” - ¡Que tal! -
“La narrativa oficial asegura que esta ley simplemente formaliza los mecanismos que ya existían desde 2014. Pero lo que diferencia a esta legislación es su carácter de totalidad. No es una base de datos más, ni una autorización específica: es una arquitectura legal de vigilancia interinstitucional y automatizada.”
Pregunto yo: ¿Existe entonces la posibilidad de convertirnos algún día en el Josef K. de la novela El Proceso escrita por Franz Kafka?
