Una lástima que la respuesta del Presidente a la marcha en protesta contra el plan B de reformas al INE, impulsada por el gobierno, haya sido una perorata para enlodar a reales o presuntos convocantes y a algunas figuras que asistieron al Zócalo. La de este lunes fue una mañanera convertida en paredón por el que desfiló el retrato de una treintena de adversarios y críticos entre acusaciones, mofas y epítetos por parte de Andrés Manuel López Obrador. Y digo una lástima, porque el resto de los cientos de miles de ciudadanos que marcharon en la capital y otras ciudades mexicanas le parecieron mera escenografía. El argumento inverso, y absurdo, que la oposición le ha endilgado al obradorismo al asegurar que 60 por ciento o más de la población que lo apoya no es relevante porque está manipulada y ha sido engañada. En la marcha de este domingo había políticos y activistas de oposición empeñados en llevar agua a su molino, desde luego, pero también miles de ciudadanos genuinamente preocupados por una reforma electoral polémica y/o un gobierno con el que disienten.
En otro momento el Presidente señaló, con razón, que en el fondo se trataba de una disputa originada por la existencia de distintos pareceres sobre los asuntos públicos y una expresión válida en una sociedad democrática. El republicano hablando. Por desgracia, esas palabras quedaron minimizadas por la prolongada sesión de crucifixión de los “enemigos del pueblo”. Ya no era el republicano quien hablaba sino un líder faccioso arengando en contra de sus adversarios.
En este espacio he sostenido que el Ejecutivo está en todo su derecho de proponer una revisión y un mejoramiento de los procesos electorales. Por razones de las múltiples capas que se le han ido añadiendo y los muchos huecos que ha intentado tapar, el INE y las leyes que hoy tenemos operan en condiciones excesivamente complejas y onerosas, particularmente en el marco de una administración pública más austera. El INE no solo puede y debe tocarse, es necesario hacerlo si entendemos que en una sociedad de cambio todos los procesos son dinámicos y susceptibles de mejorar. Y francamente sobran ejemplos de experiencias recientes en el seno del propio INE de militancias disfrazadas o designaciones a partir de cuotas partidarias.
Razones legítimas para proponer cambios las había. El problema es que fueron otras las motivaciones y el procedimiento de la 4T para intentarlo. Al menos en tres sentidos.
1.- Imposición unilateral de las reglas del juego. Incluso los niños saben que para que un juego sea posible es necesario que las reglas sean aceptadas por los que van a participar. El dueño del balón necesita un mínimo de consenso para que su triunfo tenga sentido. Una competencia nace podrida si algunos de los jugadores entienden que se han impuesto condiciones que dificultan su posibilidad de ganar y dan ventaja a otro. En las últimas décadas las reformas electorales habían sido objeto de duros debates, pero al final fueron aceptadas por todas las partes. Quizá no eran la mejor de las soluciones, pero sí las que podían alcanzarse en ese momento. Incluso el PRD, ahora Morena, logró que se incorporaran elementos que consideraban imprescindibles para otorgar su beneplácito. El punto de partida es que, si bien las mayorías pueden imponer su voluntad, cuando lo que se está discutiendo es la forma en que en el futuro van a ser definidas esas mayorías y esas minorías, se requiere una aceptación de todos los jugadores.
En esta ocasión, sin embargo, el dueño del balón decidió imponer unilateralmente las nuevas condiciones, bajo la consigna de “no se cambia ni una coma”. El tema es delicado, porque, para seguir la alegoría, a los niños a quienes no les gusten las reglas del dueño del balón simplemente pueden darse la vuelta y jugar a otra cosa. Y justamente ese es el peligro, en última instancia: que las minorías entiendan que las reglas para disputar el poder por vía electoral han sido impuestas desde arriba y sin posibilidad de chistar y que son reglas cargadas en su contra; una fórmula perversa para que estas minorías recurran a otras vías. Los riesgos son evidentes.
2.- Politización del INE. Asumiendo, con razón o sin ella, que el Presidente está convencido de que los dirigentes del INE ideológicamente son contrarios a un cambio en favor de las causas populares, se entiende que busque una modificación. Si él cree que el árbitro está sesgado, es comprensible que intente hacer algo para corregirlo. Pero hay un problema cuando algunos de los cambios propuestos no parecen estar dirigidos a un intento para favorecer la imparcialidad, sino para asegurar que el sesgo de ese árbitro sea a favor del Ejecutivo. Y aquí habría que insistir: la imparcialidad no consiste en asegurar que el árbitro falle en función del gusto de la mayoría (siempre ganaría el local), sino de la aplicación correcta de reglas reconocidas y validadas por todos, incluyendo las minorías. Es eso lo que debería estarnos ocupando en este momento.
3.- Desaseo e imperativo de ganar. Se entiende que, al ver fracasar su intento de reforma constitucional, que incluía muchos aspectos útiles y convenientes, el Ejecutivo estaba en su derecho de intentar al menos una reforma simple de los aspectos más urgentes y prácticos. El problema es que, en las prisas por borrar el mal sabor de una derrota política, la nueva iniciativa fue hecha sobre las rodillas y con más ánimo de desquite que de hacer bien las cosas. Los legisladores de su partido terminaron perjudicando al Presidente. Los recortes presupuestales ignoraron las abusivas “participaciones” a los partidos políticos y se cebaron en la operación; los recortes de personal no iban acompañados de los estudios para valorar el impacto en el funcionamiento; se suavizaron las penas a algunas irregularidades graves en campaña y se dieron facilidades para que los funcionarios participen en las campañas desde el poder. Por no hablar de la infamante cláusula de la vida eterna para partidos parásito incluida y, posteriormente eliminada.
El debate sobre reformas electorales se encuentra gravemente contaminado. Obradoristas y adversarios lo han convertido en objeto de argumentos, distorsiones e insultos que han terminado por desvirtuar el propósito original (si en esta ocasión he abordado el ángulo en lo que respecta a AMLO, en otras lo he hecho refiriéndome a la hipocresía de la oposición). La Suprema Corte tendrá la última palabra. Me parece que, en este momento, y a punto de entrar en proceso sucesorio de la presidencia, no hay condiciones para un debate que lleve a un diseño mejorado y reconocido por todas las partes. A estas alturas la imposición de esta ley ni siquiera beneficia al gobierno; no es uno de los mejores capítulos en el sexenio de la 4T, que sin duda los tiene.
@jorgezepedap
