Esta semana es el caso de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, y el aparente plagio en el que habría incurrido en la tesis de licenciatura presentada hace ya algunas décadas. La semana pasada fue el ataque a balazos en contra del periodista Ciro Gómez y la antepasada el llamado Plan B para reformar la legislación electoral. Tres temas de muy distinta índole, pero todos ellos insuflados y distorsionados por la incombustible hoguera de la pasión política. Nada que deba sorprendernos considerando las profundas diferencias que genera el proyecto de la 4T y la apasionada confrontación entre quienes lo apoyan y quienes lo desaprueban. Una polarización que termina por proyectar todo incidente en blanco y negro, y divide a los actores políticos en buenos o malos absolutos, en función de la filia que se profese. Como tantas otras veces, la prisa por llevar agua al propio molino dificulta percibir cualquier otra cosa que no sea la ganancia o la pérdida política para alguna de las partes. Convendría detenernos en cuatro consideraciones, al margen de los intereses partidarios.
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1.- La acusación es grave y la evidencia es categórica; existe un plagio flagrante entre las dos tesis presentadas. No se trata de algunas páginas “copiadas” de las que se olvidó informar su procedencia. La acusación entraña que alguien se tituló con la tesis desarrollada por otro. Un delito duramente sancionado en los círculos académicos en todo el mundo y contemplado en la legislación mexicana, en tanto robo intelectual. No es, pues, un descuido o una mera irregularidad. Quien decidió hacerlo sabía que estaba cometiendo no solo una grave falta a la ética sino también un delito. El tema es relevante porque interpela a un ministro de la Suprema Corte, la institución garante en última instancia del respeto y el cumplimiento de las leyes y salvaguarda de la ética y la legitimidad de la vida jurídica del país.
2.- Con todo, tendría que prevalecer la presunción de inocencia a la que toda persona tiene derecho. Algo que la arena política ha erradicado en aras del linchamiento inapelable y la ganancia política inmediata. Plagio existe desde el momento en que están registradas dos tesis prácticamente idénticas, pero la atribución del delito tendría que demostrarse fuera de toda duda. Yasmín Esquivel no ha negado que la tesis exhibida sea suya (cabía la posibilidad de que alguien la hubiese sustituido), pero ahora afirma que su texto es el original, lo cual significaría que el otro, registrado 14 meses antes, fue una copia de un borrador de la ahora ministra. No parece lógico, al menos en dos sentidos. Primero, que eso significaría que ella no volvió a cambiar ninguna coma sobre un borrador que le fue copiado. Segundo, el otro texto sí incluye las entrevistas y la descripción del trabajo de campo, mientras que el de ella los omite. No es imposible, pero resulta extraño que ella hubiera presentado una versión recortada de su propio borrador, mientras que el plagiario la habría usado completa. El común denominador de ambos trabajos es la directora de tesis, Martha Rodríguez. El hecho de que hayan aparecido otros dos plagios con el mismo texto en años posteriores revelaría un probable tráfico ilegal al respecto. En suma, hay cuatro tesis, un solo autor y tres plagiarios; la investigación tendría que determinar si la ministra es una cosa u otra.
3.- La acusación y el momento de hacerla no es neutra ni ingenua, desde luego; obedece a motivaciones políticas. López Obrador ha insistido en que el tema debe contextualizarse y tiene razón. La acusación fue argumentada por Guillermo Sheridan, un crítico conspicuo del obradorismo, fue publicada en Latinus, el medio de comunicación execrado por el Presidente y lanzada una semana antes de la votación para elegir presidente de la Suprema Corte, puesto al que aspira la abogada en cuestión. El propósito, ni duda cabe, es reducir las posibilidades de que el Poder Judicial sea presidido por una ministra a quien se considera favorable al régimen. Dar el contexto es útil, ayuda a tomar la información con la debida cautela. Pero las características del mensajero no cancelan las implicaciones del mensaje; el contexto no exime de la gravedad del delito y las consecuencias que acarrea; simplemente obliga a estudiar el caso con el mayor rigor posible. Y, por otro lado, la oposición o los críticos están en todo su derecho de revisar con lupa la ascensión a un puesto de tan alta responsabilidad de un personaje afín a otra corriente política. Sucede en cualquier parte del mundo. Ellos no tienen la culpa si la ministra cometió un delito en su juventud aun cuando busquen un impacto político; la opinión pública y las autoridades correspondientes simplemente tendrían que asegurarse de que la acusación sea cierta antes de cobrarle el muertito.
4.- Me parece que la actitud del Presidente en estos casos es acertada en un aspecto y desacertada en otros. Alertar de las intenciones políticas y del posible sesgo en este tipo de acusaciones es correcto, a mi juicio, para visibilizar frente a la opinión pública la muy probable desmesura que acompaña tales señalamientos y los riesgos de linchamiento. Pero al mismo tiempo me parece que minimizar las posibles culpas o incluso de justificarlas (tan solo es una “anomalía, “que lance la primera piedra quien esté libre de culpa”) es contraproducente para alguien que se ha propuesto una renovación de los valores morales de la sociedad. Tolerar las propias faltas y evidenciar las de sus rivales no es precisamente la mejor manera de mostrar que “no somos lo mismo”. Obviamente se trata de un ataque a su proyecto político y social, pero él tendría que defender el espíritu de ese proyecto no a los que participan en él traicionando sus valores. Nadie espera que los hombres y mujeres que lo apoyan sean perfectos, porque nadie lo es; pero sí que el movimiento procure una renovación ética de la sociedad por medio del ejemplo.
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La única manera de hacer invulnerable a su movimiento frente a todas estas acusaciones, sean o no ciertas, es limitarse a una fórmula tan sencilla como digna: exigir el respeto a la presunción de inocencia, pero actuar con severidad frente a todos aquellos que, una vez comprobado, hayan traicionado los valores que su causa promueve. Nadie debe ser crucificado solo porque convenga a determinados intereses políticos, pero también es cierto que nadie debe ser eximido de culpas simplemente porque se asume que milita en la “buena causa”.
@jorgezepedap
