El día de ayer, la Cámara de Diputados renovó a sus legisladores. La toma de protesta dio por terminada la legislatura que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante sus tres primeros años de gobierno.
Durante la campaña de 2018, se generaron altas expectativas de los candidatos a diputaciones federales. Al igual que con AMLO, se pensó que estos diputados (especialmente los del partido del presidente) impulsarían una transformación económica real.
Desafortunadamente, la pasada legislatura no tuvo el interés y arrojo para realizar una restructuración profunda. Se dejó intacto el andamiaje legislativo que influye negativamente en la dinámica productiva de México. La mayoría de los diputados aprobaron leyes y reformas que complican más el resolver los problemas nacionales.
Por ejemplo, en vez de fortalecer la capacidad de acción del sector público, la pasada legislatura potenció la toxicidad de la austeridad. Además, el poder legislativo no estuvo a la altura de la crisis económica. Fue también responsabilidad de este poder, movilizar masivamente recursos financieros y reales para ayudar a la población.
Aunado a lo anterior, no deja de sorprender que el partido del gobierno en la anterior legislatura le haya abierto la puerta a la creación de un Consejo Fiscal. Como lo hemos mencionado en este espacio, este órgano se convertirá en un gran obstáculo para la economía. A pesar de que miembros del Global Institute for Sustainable Prosperity (GISP) advertimos de los riesgos que impone este Consejo al país, dicho partido siguió adelante con su propuesta.
Mientras que los legisladores mexicanos no reaccionaron ante el contexto adverso que se vive, en otros lugares la respuesta fue muy diferente. El caso más emblemático fue del Congreso estadunidense. Allá se discutió la urgencia de proveer todo el dinero público necesario para enfrentar la crisis generada por el covid. Y no solo fue eso, se dio un intenso debate que cuestionó la incapacidad del enfoque económico ortodoxo para afrontar las necesidades de aquella nación.
Recientemente, el congresista demócrata John Yarmuth (presidente del Comité de Presupuesto) rompió con la retórica fiscal ortodoxa. Ante la exigencia de destinar más dinero público para las necesidades de Estados Unidos, se le hizo la pregunta: “¿de dónde sacaremos el dinero para ayudar a nuestras familias?” Yarmuth respondió: “el gobierno federal no es como un hogar, como una empresa, ni como otro usuario de la moneda. Emitimos nuestra propia moneda y podemos gastar lo suficiente para satisfacer las necesidades de las personas. El límite de ese gasto es la inflación”.
Yarmouth desechó uno de los principios fiscales ortodoxos (creer que un gobierno central debe cobrar impuestos para poder gastar) y optó por la Teoría Monetaria Moderna como su visión económica para legislar.
El reto de la actual Cámara de Diputados es iniciar un debate como en Estados Unidos. El poder legislativo debe comprender que el gobierno central no puede quedarse sin pesos. Los diputados deben desactivar el entramado legal que acota el gran poder sanador de la política fiscal.
