El viernes 10 de enero quedó marcado como uno de los días más oscuros de Torreón: un niño ingresó con dos armas al Colegio Cervantes y disparó. El saldo fue de dos muertos, una maestra y él, así como varios heridos.
Minutos después el incidente tenía atenta a la ciudad entera.
La conmoción se esparciría por todo el país y fuera de él a la velocidad que las imágenes de los cuerpos circularon en redes sociales y medios de comunicación. Estos últimos evidenciaron su falta de ética y profesionalismo.
Además de difundir fotos, publicaron los nombres del presunto autor y los menores heridos o recabaron testimonios de alumnos con pocas o nulas precauciones para garantizar el derecho a la intimidad establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de México.
Si bien la citada ley señala que no deben divulgarse noticias que tiendan a criminalizar o estigmatizar a los menores, en diversos periódicos y noticieros se dio rienda suelta a la especulación en torno a las declaraciones de las autoridades que relacionaban el tiroteo con la afición a los videojuegos y hacían referencia a la masacre de Columbine como inspiración.
Algunos externaron conjeturas acerca de la salud mental del menor o su situación familiar. Los escasos detalles que comenzaban a salir a la luz se adaptaban a la historia que cada quien armaba en su cabeza como si de una película se tratara. La consigna implícita fue convertir la tragedia en un espectáculo.
La urgencia de tener explicaciones, repartir culpas o ganar protagonismo no podía esperar a que la investigación de la Fiscalía de Coahuila concluyera.
¿Cómo pedir eso si ni el titular de esa dependencia ni el gobernador lo hicieron? El apuro parecía ser distraer y evitar responder a preguntas acerca de la ineficiencia gubernamental para garantizar la seguridad (donde hay que analizar la posesión de armas), así como con el respeto irrestricto a los derechos de la infancia. El paso de los días puso las cosas en su lugar y, a la luz del desarrollo de las pesquisas y las acciones legales consecuentes, estos se convirtieron en los temas importantes. Ya nadie está interesado en aquellas primeras versiones, sino en los problemas de siempre: la corrupción y el narcotráfico.
No interpretar mientras las averiguaciones no concluyan, no hacer asociaciones entre características psicológicas y emocionales y la comisión de un hecho violento, no hacer generalizaciones sobre la infancia o la adolescencia y evitar llevar a las víctimas a la reexperimentación fueron algunas recomendaciones que me brindó el psicólogo cognitivo conductual con maestría en Psicoterapia Breve Sistémica y en Psicología Criminal y Forense Hebert Alberto Rodríguez Guajardo.
Debemos tomarlas en cuenta siempre.
El especialista añadió que es necesario analizar el caso de manera particular, el contexto histórico y estructural, así como la forma en que la violencia directa o indirecta afecta a los menores.
“La infancia está recibiendo lo que se encuentra en la estructura social, de modo que vale la pena trabajar más en prevención o en intervención a todo un sistema”, dijo.
Imposible soslayar el debate sobre el “operativo mochila”, medida que para muchos representa una violación a los derechos de la niñez, pues convierte a los menores en sospechosos sin garantizar que hechos como el del Cervantes puedan evitarse.
Más injusto aún me parece que en el fondo estas acciones paliativas escondan un profundo miedo y una velada complicidad hacia un entorno violento e inseguro en el que para autoridades educativas y padres de familia es preferible incomodar a las niñas, niños o adolescentes que admitir que conocemos hogares donde hay armas no registradas, prohibidas o de uso reservado y dudamos de la precaución con que se manejan, o que la prosperidad de los papás de fulanito genera suspicacia o sabemos que es ilegal.
El Gobierno, en tanto, elude su responsabilidad de poner orden al respecto.
