El lunes se celebró en Guadalajara el primer Foro Regional sobre la Reforma al Poder Judicial. Elegir por voto popular a las autoridades judiciales, no puede descalificarse sin argumentos sólidos, o nomás porque rompa con una costumbre o tradición. Asumiendo, como decía Reyes Heroles, que “vale más la pena correr riesgos caminando que estando parados”, confiemos en que este sistema puede ser mejor que el prevaleciente. Sin embargo, deben evitarse efectos indeseados o riesgos innecesarios. Con ese ánimo me permití sugerir a los legisladores lo siguiente:
Que, en vez de que una sola sea la lista de 30 candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —10 propuestos por cada Poder Federal—, a ser votada en todo el territorio nacional, que sean tres listas distintas las que se voten en sendas regiones en que se dividiría el país. Los propuestos deben ser profesionales del derecho, de reconocido prestigio, oriundos, o con vecindad efectiva mayor a cinco años en las entidades federativas de cada región. Cada ciudadano dispondría de nueve votos, que utilizaría poniendo libremente el número 1, 2 o 3, al margen de solo tres de los diez nombres propuestos por cada uno de los Poderes (no podrá señalar más de una vez un mismo nombre, ni numerar del 1 al 9 solo a los candidatos de una sola lista de 10). Los tres más votados por región, integrarían el total de los nueve ministros que integrarían la nueva SCJN.
Las razones para hacerlo así son las siguientes:
Primera, terminar con el centralismo que ha existido en su integración: de los actuales 11 ministros, siete son oriundos de la CDMX; y, los restantes, si bien nacieron en otros estados, gran parte de su carrera profesional fue en la capital del país, o fue en cargos federales.
Segunda: por congruencia con el carácter federal de nuestra república y con el sistema de elección de dichos ministros, existente entre 1917 y 1928 cuando eran elegidos por el Congreso de la Unión, a partir de propuestas de las legislaturas locales.
Tercera, y no por ello menos importante: evitar una disputa por la legitimidad democrática entre una autoridad judicial electa con similar o mayor cantidad de votos que el (la) titular del Ejecutivo Federal; y, lo que es peor, para un período de 12 años.
No hacerlo por regiones, traería como consecuencia la politización intrínseca de la función judicial; el riesgo de desestabilización, y que el remedio saliera peor que la enfermedad.
