La posibilidad de que los migrantes que son rechazados por Estados Unidos se queden, por algún momento, en el norte de México, no es la mejor ante la situación que están viviendo y las violaciones a sus derechos humanos.
De alguna manera, el programa Quédate en México pretendía que los migrantes que eran detenidos en la frontera con Estados Unidos pudieran pasar en mejores condiciones mientras duraba su proceso de solicitud de asilo, pero no fue así.
Fue el gobierno de México el que dio a conocer que el programa terminaba en medio de cuestionamientos de organizaciones civiles que denunciaron violaciones y condiciones inhumanas para los migrantes.
Por las condiciones de hacinamiento, insalubridad e inseguridad en las que se obligaba a vivir a los migrantes durante un proceso legal que podía durar meses o años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) emitió la recomendación de cancelar el programa.
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración (INM) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) cancelar el programa Quédate en México e implementar las medidas necesarias para proteger a las mujeres y personas migrantes en situación de vulnerabilidad.
El máximo tribunal del país otorgó un amparo contra la falta de una política pública para afrontar los efectos del programa Quédate en México. La decisión de la SCJN es relevante si se toma en cuenta que sienta un precedente para futuras situaciones, pese a que la medida ya no es aplicada por el gobierno norteamericano.
En la gestión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que inició en enero de 2021, se tiene el registro de que cinco mil 700 transmigrantes que buscaban cumplir el llamado “sueño americano” fueron enviados a territorio mexicano mientras se resolvía su situación. El número es menor en comparación con los 70 mil migrantes detenidos y traídos a suelo azteca en la administración de Donald Trump.
Al final, como lo estableció la SCJN, Quédate en México fue una acción unilateral del gobierno estadounidense, pero su impacto en el país se traduce en la necesidad de tomar medidas para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Ojalá, un programa similar no se repita; sin embargo, en la frontera se están quedando atorados miles de migrantes que solo buscan mejorar sus condiciones de vida.
Jaime Zambranojaime.zambrano@milenio.com