Un fenómeno que ya había comenzado desde el inicio del presente siglo y que se intensificó en el presente año ante las políticas implementadas por el gobierno de Estados Unidos es el retorno de migrantes.
Los llamados “sin papeles” están regresando, aunque no siempre a sus lugares de origen, luego de que no pudieron alcanzar el llamado sueño americano o de que fueron víctimas de deportaciones.
A lo largo de este 2025, entre enero y julio, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó el regreso de 14 mil migrantes, quienes, en su mayoría, dejaron su lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida y ahora se reencuentran con una realidad complicada y donde no son bienvenidos.
Por ahora, el gobierno del estado de Puebla estima la deportación de más de cinco mil personas originarias de la entidad; sin embargo, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales como Pies Secos, la cifra podría ser mayor.
La realidad es que, aunque los migrantes sean deportados, la mayoría no regresa a sus lugares de origen y se quedan en ciudades fronterizas como Tijuana, Baja California, para esperar el momento e intentar regresar a alguna ciudad norteamericana.
Las condiciones en el camino hacia el norte son complicadas y los migrantes arriesgan la vida; sin embargo, el flujo de retorno es peor y las violaciones a los derechos humanos son una constante.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los migrantes de retorno enfrentan necesidades económicas críticas. Las rutas migratorias hacia el norte, al igual, que las que se dirigen hacia el sur, están dominadas por redes criminales, las cuales, evitan el paso de las personas si faltan recursos económicos.
Los migrantes de retorno revelan que los abusos por parte de grupos criminales, de elementos policiacos y hasta de integrantes de la sociedad son una constante y se relacionan con extorsiones, secuestros, robos y violaciones.
Ante el panorama, es urgente que el fenómeno de migrantes de retorno sea visibilizado y, al mismo tiempo, se pongan en marcha programas de apoyo y de protección a quienes se fueron en busca de mejores condiciones de vida.
