Leído así como porcentaje suena a muy poco: 8 por ciento de los mexicanos deportados de Estados Unidos son originarios de Puebla. La percepción de que no es tan grave se cuela a sus anchas cuando se ve la cifra total: 81 mil 946 mexicanos han sido deportados en los primeros cinco meses del año.
La información obtenida de la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación cobra relevancia cuando se centra el lector en que ese 8 por ciento habla de 6 mil 17 poblanos que tienen una historia propia, que son seres humanos y que, además, partieron en busca ya no sólo de oportunidades económicas sino que no los maten o secuestren.
Del total de poblanos 4 mil 816 son hombres y mil 201 son mujeres. Entremos al detalle: abril es el mes en el que más poblanos ha expulsado la administración del presidente estadounidense Joe Biden: en total, mil 422 personas. En cuanto a número siguen marzo con mil 239 personas; mayo con mil 223; febrero con mil 123; y enero con mil 10 personas.
De acuerdo con la información más reciente de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación que recoge datos de los puntos oficiales de repatriación del Instituto Nacional de Migración (INM) Puebla es el quinto estado con más deportados: el primero es Chiapas, con 7 mil 595; le siguen Guerrero con 7 mil 254; Oaxaca, con 6 mil 513; y Guanajuato con 6 mil 339.
Los números indican también que mes con mes aumenta el número de poblanas que han sido deportadas: en enero fueron 203; en febrero 211; en marzo, 250; en abril 257 y en mayo fueron 280 las devueltas a territorio mexicano.
Esos, decíamos, al principio, son los números. Los fríos números, dicen algunos. Lo cierto es que quedarse a vivir en Estados Unidos tampoco garantiza una mejor calidad de vida. Un caso de que la cara de la desgracia está en todas partes lo encontramos en el asesinato de Obed Beltrán Sánchez, el poblano asesinado en un tiroteo en la estación Mount Eden, en el Bronx de Nueva York.
A él lo alcanzó una de las balas disparadas por pandilleros adolescentes que se disputan las calles de ese país al que las pésimas administraciones del gobierno federal mexicano los obliga a migrar. En el caso de Obed, por cierto, hay tres arrestados; todos menores de edad.
Al Margen
¿A cuántos ex gobernadores y ex presidentes municipales habría que fincarles algún tipo de responsabilidad por dejar que la cementera Cruz Azul haya operado sin los permisos correspondientes en Tecamachalco, Palmar de Bravo y Quecholac?, ¿cuántos millones son los que están en juego?
