Si un grupo representativo de ciudadanos mexicanos, en pleno goce de sus derechos políticos, exige llevar a cabo una consulta de revocación de mandato del Presidente, ésta tiene que efectuarse más allá de cualquier obstáculo o resistencia.
Para hacer valer el derecho a revocar el mandato otorgado al titular del Ejecutivo se requiere que lo solicite por lo menos 3 por ciento de los y las ciudadanas inscritas en el listado electoral, en al menos 17 estados, es decir, en la mitad más uno para que esta exigencia sea representativa y no capricho de un grupo o sector.
Aunque no resultó sencillo, las organizaciones que recabaron firmas para demandar la revocación están a punto de conseguirlo y quedan pocas dudas de que lo harán. Son agrupaciones muy cercanas a Morena, o cuando no militantes, a pesar de que la ley marca que los partidos políticos no deben involucrarse en un ejercicio de esta naturaleza.
La consulta es obligada y necesaria. El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la obligación legal de organizarla, por lo tanto, retrasar algunas actividades con vistas a la consulta, como lo aprobaron seis de 11 consejeros en la sesión extraordinaria del viernes, implica incumplir con la ley así se aleguen motivos económicos o presupuestales para ello.
Posponer o sabotear la consulta es ir en contra del artículo 35 de la Constitución, que desde 2019 se reformó para incluir este derecho de los habitantes de México a demandar cuentas a sus gobernantes.
Sin embargo, condenar a los seis consejeros que votaron por posponer algunas actividades relacionadas con la consulta como si fueran líderes de la oposición conservadora a la cuarta transformación es una exageración.
El INE es una institución costosa. Tenemos una democracia cara, mucho más cara que en otros países, pero el INE también ha demostrado su valor a tal grado que no solo resguarda las elecciones, sino que incluso se encarga de validar la principal identificación oficial que tenemos los mayores de edad. Eso no obsta para afirmar que su estructura, replicada a nivel de los estados, tiene grasa de donde cortar, tanto así que ya lograron ahorros por más de mil 503 millones para realizar la consulta.
Se requieren otros 2 mil 300 millones para que se puedan instalar las 161 mil casillas necesarias para este ejercicio democrático y no, no es con el encono y los enfrentamientos como se van a obtener los recursos que hacen falta, sino con la intervención de la política, del diálogo y no esperando una salomónica decisión de la Corte.
El 25 de diciembre concluye el plazo para la entrega de firmas, el 2 de febrero el plazo para la revisión de su validez, así que tiempo hay, lo que falta es disposición y más valdría emprender el diálogo de una buena vez, puesto que el país tiene asuntos urgentes en que ocupar todas estas energías.
Héctor Zamarrón
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