Ahora que se ha puesto el dedo en la llaga con la propuesta de Reforma Judicial, es evidente que las cosas no andan del todo bien en el poder judicial. Según lo expresado por el presidente, se propone elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular, con la premisa de transparentar el proceso de selección, hacerlo más democrático, reducir la corrupción y aumentar la legitimidad y la confianza ciudadana en las instituciones. Además, se mantendrían los requisitos y méritos, junto con la instauración de una capacitación continua y una evaluación del desempeño. En el papel, suena bien; en la práctica se advierte que sería muy complejo y riesgoso.
Sin embargo, en esta época de propuestas en torno a los poderes de la unión, ¿por qué no aprovechar para profesionalizar también al poder legislativo? Actualmente, en México no existe ningún requisito relacionado con la comprobación de estudios o formación profesional para ocupar un cargo de elección popular. En otras palabras, no se requiere ni siquiera haber cursado kínder o primaria para ser legislador. Esto contrasta con otras partes del mundo. Por ejemplo, en Irán se exige al menos un título de maestría o su equivalente, en Indonesia se requiere al menos un título de educación superior, en Chile se exige haber completado el bachillerato y en Brasil se pide saber leer y escribir (nivel básico).
La pregunta es: si vamos a trasladar principios del legislativo al judicial, ¿por qué no hacerlo a la inversa? Así como se exige que para poder ser juez, magistrado o ministro de la corte se cuente como mínimo con estudios de carrera en derecho, legislar también implica y requiere un nivel de formación profesional. Desde nuestra perspectiva, así como para juzgar en México se requieren conocimientos y expertise, para legislar también es necesario conocimientos previos que permitan entender los procesos legislativos para evitar errores, como aprobar leyes que sean anticonstitucionales.
La profesionalización del poder legislativo no es una idea nueva, pero su implementación enfrenta resistencias tanto por parte de quienes temen perder poder como de aquellos que argumentan que la democracia debe ser inclusiva. No obstante, la inclusión no debe estar reñida con la eficiencia y la calidad. Además, un poder legislativo profesionalizado podría contribuir a una mejor coordinación con los otros poderes, facilitando la creación de leyes que sean claras, aplicables y justas. La formación profesional no solo proporciona conocimientos técnicos, sino que también fomenta un sentido de responsabilidad y ética en los funcionarios públicos. En última instancia, el objetivo debe ser fortalecer nuestras instituciones para que sirvan de manera más efectiva y transparente a la sociedad.
Por lo tanto, gobernar, impartir justicia y legislar son asuntos serios. No veo por qué no podríamos innovar en México solicitando al menos un título y cédula profesional que avalen cierto grado de instrucción. Algunos argumentarán que esto no garantiza la profesionalización de todo el poder legislativo, pero, ¿acaso la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular nos asegura su imparcialidad y profesionalismo al impartir justicia?
