De implementarse la famosa “reforma judicial” que pretenden los de Morena por instrucciones de López, impulsando de un plumazo acabar con todo el sistema judicial mexicano pero en forma muy selectiva, ya que su aborto de reforma olvida a los Tribunales Agrarios, a los Tribunales Administrativos y a los órganos que imparten justicia laboral, pero eso sí, quiere acabar con la Suprema Corte se Justicia de la Nación, lease con los Ministros, Magistrados y jueces tanto federales como los de los estados y todo insisto, por una venganza personal contra la ministra Presidente Norma Piña a quien no perdona, además, el no haberse puesto de pie y recibir a López en un evento donde debían estar presentes los representantes de los tres poderes y recibir el mismo trato, y a Piña la sentaron hasta la orilla y qué insulto, no le rindió pleitesía a su majestad Peje I, ahora manda a Claudia a reclamar ese comportamiento cuando la ministra tenía toda la razón, ya que son, insisto, poderes iguales, y esta, no debe ponerse como tapete del presidente como lo hacía Arturo Zaldívar. Ella debió reclamar el insulto al Poder que representa, pero fue prudente.
Este cambio que pretende la elección de todos los impartidores de justicia del país provocando con esto, que no lleguen las personas más capacitadas al puesto, sino la más popular, el que esté bien relacionado con los grupos de poder o la que tenga financiamiento, quién sabe de dónde, que le permita hacer campaña. La maña ya está atenta, claro.
Analistas que conocen lo complicado de la impartición de justicia calculan que tendríamos una regresión en esa importante función provocando un grave atraso de tres a cinco años. Esa estimación es lógica ya que en primer lugar los jueces que serán removidos perderán el interés en seguir dictando sentencias y los menos se enfrascarán en una campaña política para que el pueblo bueno y sabio los confirme en su puesto o en uno similar, esto de aquí a junio de 2025, fecha en que se llevará a cabo la elección. Luego vendrán los periodos de entrega recepción y la entrada de los flamantes jueces y magistrados, mismos que si son contratados al mas puro estilo de la CuatroTé, esto es 95% de lealtad y 5% de capacidad, estará peor. Todavía hay personas que no leyeron la iniciativa y piensan que cualquiera se puede postular para esos puestos. Lo siguiente será que los nuevos jueces removerán al personal de confianza del juzgado para traer a sus incondicionales, sepan o no algo de derecho. “Si Lenia Batres es ministra y puede sin saber nada de derecho, ni modo que mi comadre no pueda”, y como el cargo es por nueve años prorrogables uno o dos periodos adicionales, pues aquí aprendemos, dirán.
Imaginen a estudiantes recién salidos de la carrera de derecho de las Universidades del Bienestar impartiendo “justicia”. Da terror. La única salida que tenemos los justiciables, al menos en asuntos de las materias civil y mercantil, será incorporar en todos nuestros contratos que en el futuro celebremos cláusulas que nos permitan resolver nuestros conflictos legales sin acudir ante un juez, y luego, en apelación, ante un magistrado y hasta llegar en Amparo a un tribunal Colegiado. Utilicemos de hoy en adelante los llamados Medios Alternos de Solución de Controversias (MASC), que nos permitan resolver actuales y futuros conflictos sin la intervención de jueces estatales. Me refiero a la Mediación y al Arbitraje. La gran mayoría de asuntos que se someten a Mediación desembocan en acuerdos amigables que permiten continuar la relación preexistente antes del conflicto legal, y de no lograrse esto, entonces sí, que un tercero ajeno (o tres), (llamados Árbitros), sustituyendo al juez estatal, resuelva el conflicto dictando un laudo el cual tiene la misma fuerza y vinculación que la sentencia dictada por un tribunal del estado.
En materia mercantil ya tenemos muchos años utilizando el Arbitraje, máxime cuando son operaciones internacionales e incluso gracias a la Convención de New York es más fácil ejecutar un laudo en otro país que la sentencia de un juez. En la materia civil, en Jalisco tenemos un pequeño gran problema, y es que un grupúsculo de Notarios en la época en que estos gozaban de mucha influencia con los legisladores, incorporaron al Código Civil del Estado una disposición en el sentido de que el Arbitraje solo se puede pactar en Escritura Pública, lógico ante Notario$$, y eso congeló durante años la utilización del arbitraje en materia civil y en algunos casos en la familiar. Sin embargo la ya cada día más cercana entrada en vigor del “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares” corrige esa pifia y permitirá la utilización de esa forma rápida, innovadora y segura de resolver presentes o futuros conflictos legales en esas materias, sin intervención, insisto, de un juez estatal.
Ahora la pelota está en manos del Congreso del Estado ya que cada Congreso local deberá emitir la declaratoria del inicio de vigencia del nuevo precepto y la revocación del anterior. Por favor, señores diputados, resuelvan eso urgentemente, ya que la próxima legislatura estatal estará llena de legisladores “opositodo” y será difícil con una mayoría de Morena que este importante Código entre en vigor.En la Ciudad de México ya lo hicieron. ¿Por qué aquí no?
